El juicio por la caja B del PP de Valencia comenzará en enero

Se da la circunstancia de que José María Corbín, uno de los principales investigados en la trama Azud, ejerce en este caso de abogado de Mari Carmen Fuster, la secretaria general del PP que controlaba supuestamente una caja B de los populares.

La Audiencia ha fijado el inicio de la causa para el próximo 23 de enero. Los magistrados han previsto alrededor de una veintena de sesiones para este asunto debido a la gran cantidad de prueba solicitada por las partes. Será otro de los juicios derivados de la macrocausa de Imelsa. Se trata de la última parte de la causa que se salvó del archivo masivo del pitufeo, el supuesto blanqueo de 50.000 euros de los populares en los comicios de 2015, decretado en su momento por la Audiencia y ratificado por el Tribunal Supremo.

Los principales acusados son el exvicealcalde Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. También se sentarán en el banquillo el que fuera máximo responsable de Valencia Convention Boreau, José Salinas y el concejal Juan Eduardo Santón. Ambos están acusados de aportar fondos para las campañas electorales de los populares a través de las fundaciones satélites del Ayuntamiento de Valencia.

Los investigadores descubrieron que en aquellas elecciones (2007 y 2011) -canalizadas a través de la empresa Laterne y luego de Trasgos- se sobrepasó con creces el presupuesto oficial de los actos y que el PP llevaba una especie de contabilidad paralela para pagar estas campañas.

Todo el dinero se canalizaba a través de las dos agencias anteriores que posteriormente recibían facturación de empresas contratistas del Ayuntamiento, según la UCO. Jesús Gordillo, mano derecha del exvicealcalde durante años y luego colaborador de Anticorrupción, terminó reconociendo que Grau le dio 350.000 euros en efectivo para pagar a proveedores del PP.