Juicio a la penúltima ronda de la trama Gürtel

Alrededor de una veintena de acusados se sientan en el banquillo por estos hechos. Entre ellos los cabecillas confesos de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes disfrutan ya del tercer grado penitenciario tras haber cumplido una década en prisión; el exalcalde del municipio de Arganda (56.000 habitantes) Ginés López, del PP, varios funcionarios y empresarios como el citado Fernando Martín. Antes de comenzar la vista, la Fiscalía Anticorrupción ultima los detalles con una mayoría de los acusados para alcanzar acuerdos de conformidad, por el que reconocen los hechos delictivos a cambio de una rebaja en su petición de penas.

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal expone cómo Correa habría convenido el pago de comisiones con funcionarios y autoridades del consistorio a cambio de la adjudicación de contratos desde 1998 y durante las dos legislaturas en las que gobernó el PP. Menciona, por ejemplo, que a cambio de «su intermediación y favorecimiento» de adjudicaciones, el exconcejal del municipio y exdiputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco habría percibido regalos en efectivo y en especie por valor de 363.295 euros, y el exalcalde López, por 545.328 euros en el periodo 2000-2008.

Gracias a «irregulares adjudicaciones» las empresas de Correa, dedicadas a priori a la publicidad y a la organización de eventos, obtuvieron contratos por 1,2 millones y un beneficio de, al menos, 189.991 euros, según la Fiscalía Anticorrupción. Pero el objeto de deseo de la trama fue mediar para que Martinsa se quedara con parcelas municipales a cambio de percibir una comisión mucho más jugosa: unos 25 millones. Este suelo se denominó Unidad de Ejecución UE-24, contaba con 16 hectáreas y fue vendido por 89 millones, después de que el concurso público impidiera a los licitadores realizar ofertas más altas.

Tras la adjudicación, el número de viviendas permitidas en esa zona se elevó de las 1.580 iniciales a las 2.731 gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. Este incremento suponía un aumento en la previsión de ventas, que pasaron de 336 a 535 millones. El expediente de contratación se redactó de una manera que la operación aparecía como de dudosa rentabilidad para los potenciales licitadores, según el juez instructor José De la Mata.

De este modo, se limitó el número de empresas interesadas en hacerse con los terrenos municipales hasta elegir la oferta de Martinsa Fadesa. Su dirección sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria «no eran rentables», pero entraron en la operación porque «sabían que se iban a cambiar en su beneficio», según un arquitecto que testificó durante la instrucción de la causa. La comisión a la trama fue abonada presuntamente en dos pagos de 12 y 12,8 millones en diciembre de 2014 y junio de 2016, respectivamente, a cuentas de Correa en Mónaco y Suiza.