De las juntas de vecinos a los torneos de póker, la administradora de Valencia que ha terminado en la cárcel

Elena C. combinaba su profesión, administradora de fincas, con una de sus aficiones, los torneos de póker. El resultado de este cóctel, como siempre que se cruzan los juegos de azar, resultó desastroso. Ni le fue bien en la dirigencia de las comunidades de vecinos ni tampoco sobre el tapete de los casinos. El desconcierto más absoluto. Sólo dispone de un mes de plazo para ingresar en la cárcel.

La mujer generó un notable agujero económico en 37 comunidades de vecinos, un verdadero trauma para los residentes a la hora de afrontar los gastos ordinarios. Las derramas y desembolsos extraordinarios -este lo era- son cuestiones que siempre preocupan en los domicilios. De hecho, suelen ser las primeras deudas que se generan en tiempos de apuros.

La Fiscalía Provincial de Valencia le pidió cinco años de prisión por quedarse más de 800.000 euros. Finalmente se llegó a un favorable acuerdo de conformidad que dejaba el castigo en seis meses de prisión. Pero la reducida pena, no evitará su ingreso en la penitenciaría. La Audiencia acaba de dictar un auto por el que le concede hasta el próximo 10 de octubre para ingresar en prisión. En caso de que no se presente voluntariamente, el tribunal adoptaría otras medidas.

El auto reprocha el «nulo esfuerzo realizado por los penados» -también su pareja es otra de las condenadas- para devolver el dinero distraído de las cuentas de las comunidades. El otro condenado, pareja de la principal acusada, se ha declarado insolvente. Pero la suspensión de la pena es un criterio que queda a criterio del tribunal siempre que se cumplan determinados requisitos, como que la pena sea inferior a dos años y se haya pagado la responsabilidad civil o exista al menos un compromiso de pago.

Su radio de acción no se limitaba a la ciudad de Valencia, aunque sí concentraba la mayoría de sus clientes. Otras comunidades de Alfafar y La Cañada (Paterna) o complejos residenciales como El Perelló también se vieron gravemente afectadas por la gestión de Elena C. Las cantidades son muy dispares de unas empresas a otras.

El método defraudatorio era bastante simple, consistía en ir transfiriendo el dinero de las cuentas comunitarias a la suya propia o otra que compartía con su marido, Pascual M. G. C. En otros supuestos, realizaba reintegros desde las cuentas de origen. Una de las tesis que manejaron las víctimas desde el principio es que buscaba fondos para jugar en torneos de póker. La mujer llegó a admitir en una declaración judicial que era aficionada a este juego, pero descartó que tuviera relación con los problemas de contabilidad en las diferentes comunidades. También reconoció sus visitas esporádicas a casinos.

En la causa judicial, no obstante, tampoco se ha podido acreditar que la mujer tuviera una adicción al juego. El médico forense estableció en su momento que las características del juego no permiten concluir que se trate de una patología.

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