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Junts per Catalunya ha puesto en marcha una ofensiva legislativa, en el Congreso y en el Parlament, con la que pretende declarar la guerra a ... la «ocupación delincuencial», que considera que es un «atentado contra la propiedad privada». Los junteros hablan de que existe «alarma social» y riesgo para la «convivencia». Hace doce años, había 2.100 casos de casas ocupadas en Cataluña; en estos momentos, hay más de 10.000, según los datos aportados por los de Puigdemont. La ofensiva antiocupa forma parte del proceso de derechización de los junteros, junto a iniciativas contra la inmigración, contra la multirreincidencia o el apoyo a las grandes empresas.
Junts plantea cambios en el ámbito penal y en el civil. En el penal, los de Puigdemont impulsarán una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con el objetivo de promover la desocupación exprés.
Junts propone que el juez ordene el desalojo inmediato si los ocupantes no acreditan que tienen un título legítimo, ya sea un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad. «El ticket de Glovo ya no servirá», ha afirmado de manera irónica la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Los junteros pretenden habilitar a la policía para que pueda echar a los okupas en el caso de que la casa sea la vivienda habitual.
Los postconvergentes también pretenden recortar los tiempos para que el propietario pueda recuperar su casa, y ponen los ejemplos de Italia o Francia. Para ello, han registrado en el Congreso una proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles para que se pueda recuperar la propiedad en un plazo de 48 horas.
«Si el Gobierno de Sánchez, de Illa y de Collboni y sus socios, Comunes, Colaus, Sumar, Podemos y ERC, no respetan todos los derechos, nos encontrarán de cara», ha advertido Nogueras. «Hay formaciones políticas a las que les cae más simpático un ocupa que un propietario», ha asegurado el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Los postconvergentes han cargado contra la política de vivienda del Gobierno, pero ha confiado en que su iniciativa legislativa pase el filtro de la tramitación parlamentaria, gracias al PSOE y Sumar. «Evidentemente esto no quedará encallado. Creo que habrá un apoyo mayoritario. Estoy seguro de que se tramitará y se abordará porque es un problema general. Esperamos que haya un debate no sobre tópicos y sí desde el rigor», ha rematado Turull.
A nivel catalán, en el Parlament, Junts propone un cambio en el código civil catalán, que dote a las comunidades de vecinos de competencias para poder actuar en caso de ocupación de un piso y pueda activar judicialmente su desalojo.
Junts lanza un ofensiva antiokupas, en paralelo a otras iniciativas similares en el Congreso. El PP impulsó su propia ley antiokupa a través del Senado, pero sigue a la espera de que la Mesa del Congreso permita su tramitación. En el caso del PNV introdujo enmiendas sobre esta cuestión en la llamada ley Bolaños de medidas para la justicia para modificar la ley de enjuiciamiento criminal.
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