El Jurídic reniega de que los directivos de fundaciones sean cargos públicos

Luz verde al anteproyecto de Ley de Medidas que el Consell aprobó hace un par de semanas, para ser debatido en Les Corts. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ya ha emitido el dictamen favorable a la norma que acompañará a los presupuestos de la Generalitat para 2020 que el Gobierno valenciano presentará hoy. Pero lo ha hecho con algunas observaciones esenciales que el Ejecutivo deberá subsanar para adecuar su norma al ordenamiento legal. Una de ellas, en la disposición adicional que el Consell ideó para poder nombrar a dedo a los directivos del sector público con un simple acuerdo del pleno, que convertía automáticamante en cargos públicos a los directores y a su personal dependiente.

El CJC cuestiona no sólo la manera en la que se debe revestir el nombramiento –con un acuerdo del Consell o con un decreto–, y advierte de que la designación de personal directivo por parte del Ejecutivo sólo será posible para las personas que ejerzan la máxima responsabilidad y su personal directivo, pero sólo en el caso de las entidades de derecho público. Es decir, empresas como el Ivace, el IVAM, FGV, o el IVF, que tienen personalidad jurídica pública. En ese caso, la Generalitat sí puede establecer quién ha de nombrar al personal de máxima responsabilidad y su personal directivo. No así con las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público, que tienen personalidad jurídica privada, ya que a pesar de formar parte del sector público de la Generalitat, en la práctica funcionan como empresas privadas. De ahí que el Jurídic asegure que su personal directivo debe ser nombrado conforme a sus reglas y no por el Consell, porque debe ajustar tales nombramientos a la legislación que le corresponde. Es decir, según las normas que cada mercantil o fundación fije, como se viene haciendo hasta ahora. Habitualmente, por acuerdos del consejo de administración al margen de publicidad y concurrencia.

El Consell añadió esta disposición en la denominada Ley de Acompañamiento para poder nombrar a dedo a todos los directivos del sector público y su personal directivo, aunque desde Hacienda se defendió que se incluyó la modificación para estandarizar y regularizar la situación de todo el personal del sector público instrumental de la Generalitat. Con el cambio, todos pasaban a ser cargos públicos que eran nombrados y destituidos por el Consell. Pero ahora, con las observaciones del Jurídic, sólo se beneficiarán de esa modificación los que trabajen en una entidad de derecho público. Las mercantiles y fundaciones, como Aerocas, Cacsa, la nueva empresa que aglutina a los bomberos forestales, la Sociedad Proyectos Temáticos, o Ciegsa, por poner algunos ejemplos, podrán seguir nombrando a su personal directivo como hasta ahora. Una situación incómoda para el Consell, que se queja de que la cobertura de los puestos se hace sin transparencia y de manera discrecional, en los consejos de administración.

El Jurídic da también un tirón de orejas al Consell por haber convertido la Ley de Medidas en una suerte de "ley omnibus". El órgano consultivo viene a reprender al Gobierno valenciano por su uso y abuso de la Ley de Acompañamiento para modificar todo tipo de normas que poco o nada tienen que ver con el presupuesto y con la política económica del Consell. Alerta el CJC de que el anteproyecto de ley remitido prevé la regulación de un conjunto de materias que no guardan relación con una eventual política económica del Consell como es el caso de la mayor parte de las modificaciones proyectadas. De hecho, en el supuesto de que los presupuestos no se aprobaran y se prorrogaran –como el Consell valoró– el Jurídic cree que debería aprovecharse la oportunidad que pudiera ofrecer la no tramitación de presupuesto para ponderar la verdadera necesidad de una “Ley de medidas como ley omnibus.