La Justicia embarra 15 años del PP de Valencia

No parece, según el juez, que el pitufeo fuera una anécdota delincuencial. Más bien todo lo contrario. La investigación evidencia lo que se intuye como el final 'lógico' de una etapa de irregularidades. Una de los objetivos de Anticorrupción fue, desde el principio, encontrar una explicación, un origen, al hecho de que el PP tuviera una caja B que, al menos en aquel momento, acumulaba unos 50.000 euros, la cantidad supuestamente blanqueada. De ahí ese afán por retroceder las pesquisas a las anteriores elecciones, en busca del germen de la corrupción.

El rebobinado alcanzó 2007 –no se podía ir más atrás porque estaba prescrito–. En ese periodo resulta clave Jesús Gordillo –mano derecha de Alfonso Grau– que diez años después mientras ordenaba su casa se encuentra con unos 'papeles' que, bendita casualidad, dibujaban la financiación irregular del PP en aquellos comicios. La investigación apunta a que Barberá gastó cerca de dos millones de euros cuando 'oficialmente' la cifra era veinte veces menor. La canalización de estos excedentes monetarios se hizo a través de la empresa Laterne, propiedad de Vicente Sáez, amigo personal de Alfonso Grau. El exvicealcalde, de 80 años de edad, lleva casi seis meses en la Enfermería de la cárcel de Picassent. Pero por extraño que parezca, pese a las contribuciones de los grandes contratistas del Ayuntamiento a esa mercantil, los proveedores de la campaña se quejaban de que no cobraban. Por eso Grau entregó 350.000 euros en un sobre para el abono de estos servicios. Y Gordillo, su más fiel colaborador, se dedicó a saldar las facturas.

Llegó 2011. La fórmula se repitió, pero con algunas variantes. Laterne cerró sorprendentemente ahogada por las deudas. Apareció como sustituto Trasgos, otra de las agencias que montó la campaña del PP. También en este punto cobra importancia la cuenta «opaca» del PP, la libreta de La Caixa que manejaba García-Fuster llevaba un seguimiento exhaustivo. Un apunte llama poderosamente la atención de los investigadores: «Aportaciones Cya». En total, bajo este epígrafe aparecieron ingresos de 174.000 euros.

García-Fuster indicó que era dinero de simpatizantes populares, pero no quiso desvelar la identidad de quién o quiénes ejercían de recaudador. Esa campaña se pagó con dinero de la cuenta al margen de fiscalización, con cantidades en efectivo y con requerimientos a grandes empresas que también con anterioridad a las elecciones facturan a Trasgos. La historia se repetía cuatro años después.

En 2015, sin embargo, hay una circunstancia determinante. Alfonso Grau, enemistado con Barberá por el caso Nóos, desaparece de la escena política. El PP se queda huérfano de un director en la sombra. Y como método para blanquear 50.000 euros –la diferencia respecto a las anteriores campañas resulta notable– optan por el pitufeo. Lo más sorprendente del asunto es que estos hechos pudieran producirse en marzo de 2015 cuando las causas de corrupción del PP en los juzgados llegaban a los dos dígitos. El partido estaba en el foco. Pero esta circunstancia no les frenó.

El camino por recorrer todavía será largo. Salvo sorpresa mayúscula, habrá un macrojuicio por estos hechos. La última palabra está en manos de la Audiencia que deberá resolver los recursos de los investigados, la última oportunidad de evitar la vista oral. El juicio puede señalarse para el último tercio del próximo año.

El PP ha virado su estrategia. Del cordón sanitario de Isabel Bonig, decretado por orden de Génova que incluyó incluso la reprobación de Barberá, se ha pasado ahora a una nueva fase, la de reivindicar el legado de la exalcaldesa como uno de los activos más importantes del pasado reciente del partido. Los populares entienden que sólo con la reparación de esa herida se puede recuperar la alcaldía. Esa es la línea de María José Catalá que secunda el líder de los populares, Carlos Mazón. De hecho, y como parte de esa recuperación del PP, Catalá incorporó a su equipo a una hija de José María Corbín, cuñado de Barberá, pese a que está investigada en Azud.

Este nuevo rumbo, no obstante, lastra el discurso de los últimos meses contra los escándalos judiciales del Botánico, como las ayudas al hermano del presidente de la Generalitat, las pesquisas de Azud que salpican al PSPV, el caso Alquería y la negligente actuación de la Conselleria de Oltra con la menor que sufrió abusos por parte del exmarido de la consellera. «Dejen descansar en paz a Rita Barberá», proclamó esta misma semana Carlos Mazón. Pero el tiempo de la Justicia, por suerte o desgracia, siempre lleva retraso.

El alzamiento del secreto de sumario del caso Azud supondrá un segundo golpe para los populares del Cap i Casal. Las revelaciones del expediente judicial salpican tanto a populares como a socialistas. En el primer caso, afectan principalmente al exvicealcalde Alfonso Grau, pero también a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa. Las pesquisas apuntan a que el familiar de Barberá cobró durante años y a través de su despacho profesional comisiones de las principales adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia. También se analiza el papel de Grau con el empresario Jaime Febrer.

En la campaña de 2007 se repite un patrón. Los grandes contratistas del Ayuntamiento de Valencia facturan importantes cantidades con Laterne, la agencia que montó la campaña de Barberá. Entre los principales 'donantes' aparecen Agricultores de la Vega, Secopsa, Nou Litoral, Lubasa y FCC. La UCO sospecha que se trata de un evidente indicio de esa caja B de los populares. Además, los responsables de las mercantiles negaron cualquier colaboración delictiva, pero tampoco aportaron explicaciones «satisfactorias» de los supuestos trabajos. Fueron citados como testigos porque la responsabilidad penal estaba prescrita. No es la primera vez que los empresarios salen de un asunto de similar naturaleza de manera airosa. En la pieza de Gürtel relativa a la financiación irregular del PPCV, los acusados admitieron los hechos y se beneficiaron de una reducción de la pena. Al final, todo se quedó en una multa, lo menos gravoso para familias que disponen de un abultado patrimonio. Los otros dirigentes populares, Ricardo Costa y David Serra, por ejemplo, también evitaron la cárcel.