Justicia propone retomar la actividad en Social y Mercantil, por ser clave para activar la economía

La Conselleria de Justicia ha planteado al Ministerio la posibilidad de reactivar los juzgados de lo Social y lo Mercantil por ser dos jurisdicciones «estratégicas y clave» para activar economía tras la crisis generada por el coronavirus.

Así lo ha asegurado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa telemática, en la afirmado que esta propuesta se incluye dentro una serie de medidas que han propuesto pueda incorporar a su plan de actuaciónal Ministerio de Justicia para que las valore y las .

Bravo ha señalado que con la petición de reactivar estos juzgados se está pensando en las personas desempleadas que necesitan cobrar las prestaciones correspondientes o en las empresas que entran en concurso de acreedores y que necesitan esa reestructuración.

«Lo hemos planteado para que, en el momento de desecalamiento, que esperemos que a partir del final de esta última prórroga del confinamiento podamos ir abriendo, por parte del Ministerio se haga un estudio, incorporando las jurisdicciones Social y Mercantil dentro de esos servicios esenciales», ha señalado.

Lo que se pretende, según la consellera, es que antes de poner en marcha otras jurisdicciones de una forma ordinaria, se empiece por estas que tienen un carácter provincial y por tanto menor dimensión, para poder respetar los metros de distanciamiento y las medidas necesarias de seguridad.

Por eso, ha dicho Bravo, se propone también celebrar juicios por las mañanas y por las tardes para evitar que durante la mañana haya mucha gente en el edificio.

Bravo ha señalado que también les preocupa la jurisdicción de Civil pues cree que tras el confinamiento habrá un repunte importante en temas de separaciones y divorcios, y cuestiones relacionadas con las relaciones familiares.

Sobre el acuerdo alcanzado entre las consellerias de Igualdad y Educación para poder trasladar personal de una a otra en caso que sea necesario debido a la crisis del coronavirus, la titular de Justicia ha asegurado que se trata de un «proceso legal» en el que «nadie ha puenteado a nadie».

Ha explicado que el acuerdo se ha adoptado en marco del procedimiento que contempla la ley de Función Pública y el decreto que la desarrolla, y se ha actuado conforme a lo establecido desde la Conselleria de Justicia, en concreto desde la Dirección General de Función Pública.

Ahora, ha dicho, se deben cumplimentar los tramites. Educación debe baremar a los trabajadores en base a los criterios establecidos en el decreto y hacer una propuesta de nombramiento de personal que puede ser trasladado a Igualdad, y esa propuesta se remitirá a la Dirección General de Función Pública para su nombramiento.