Justicia avala un supuesto concurso en el que la ganadora ya está anunciada

La Fundación Hay Derecho alegó que «un pacto de esta naturaleza (de reparto de cromos) es incompatible con el artículo 48.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y el propio Estatuto de la AEPD que prevén un proceso selectivo abierto y transparente».

El recurso tiene lugar después de que trascendiera que el PSOE y el PP habían pactado nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, así como en la Agencia Española de Protección de Datos. En este último caso, los acuerdos hacían referencia a Belén Cardona (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y actualmente en la Conselleria de Justicia después de haber pasado por la de Transparencia) como directora y a Borja Adsuara (abogado y consultor en derecho digital) como adjunto a la dirección. Estaba tan claro el enjuague que Cardona recibió ese mismo 21 de octubre las felicitaciones por redes sociales de altos cargos de su conselleria, del propio Consell y de diferentes dirigentes socialistas valencianos, que celebraron su designación. Un mes más tarde se convocó el supuesto concurso, al que se han presentado cerca de una decena de juristas, todos ellos de reconocido prestigio, como la propia Cardona.

En una resolución de 10 de enero, recogida por Europa Press, la ministra ha desestimado («sin entrar en el fondo del asunto») el recurso presentado el pasado diciembre por la Fundación Hay Derecho, que creía que dicho proceso selectivo incurría en «diversas irregularidades» y que parecía orientado a «confirmar» a los candidatos previamente «acordados» por el PSOE y el PP, anunciados en octubre.

Llop ha precisado que en este caso no procede la suspensión porque la fundación, aunque avisa de que el proceso de selección resulta gravemente lesivo para los intereses generales, «no precisa en qué medida lo hace como tampoco especifica la imposibilidad de su reparación». La sospecha de este proceso ha provocado que pregunten por el desde Podemos, desde Ciudadanos y hasta haya manifestado sus dudas respecto a la limpieza del concurso el Supervisor Europeo de Protección de Datos, cuyo número dos también opta al cargo.

La ministra de Justicia se excusa en que la suspensión del proceso «ocasionaría un perjuicio en los intereses de aquellos candidatos que ejercieron su derecho a participar en plazo en el concurso convocado», que, según ha puntualizado, ya había finalizado cuando se interpuso el recurso.

La ministra ha recordado que la suspensión «constituye una excepción al principio de la ejecutividad de los actos administrativos». En este sentido, ha subrayado que la fundación debía acreditar «de forma cierta y precisa la existencia de los daños, sus imposibilidad de reparación y el nexo causal de los mismos con la inmediata ejecución del acto impugnado». Y, a su juicio, no lo ha hecho.