Justicia recurrirá a una empresa para que los abogados accedan al sumario de Azud

El asunto no es una cuestión menor. Los letrados alegan incluso indefensión al no poder consultar la totalidad del expediente judicial. El juzgado, incapaz de facilitar la documentación a los abogados por el tamaño de los archivos informáticos, recurrió a la Generalitat, administración de la que dependen los recursos materiales de los órganos judiciales.

Este inicio de las conversaciones se produjo, además, tras un llamativo cruce de escritos entre el fiscal Anticorrupción y el exsíndic del PSPV Manolo Mata, que defiende al presunto cabecilla de la red, el empresario Jaime Febrer. El primero reprochaba al letrado y político su falta de conocimiento de la histórica escasez de medios de la Justicia, mientras el socialista respondía con el fracaso de determinadas investigaciones del ministerio público.

En esa atmósfera de cierta tensión, técnicos del departamento de Justicia y personal del juzgado de Instrucción 13 de Valencia, el encargado del caso Azud, se pusieron a trabajar. El quid de la cuestión reside en la imposibilidad –por tiempo y dispositivos– de descargar los archivos que ahora mismo se encuentran en una nube del juzgado. Se pensó en una plataforma alternativa, el portal Acceda, dependiente del Ministerio de Justicia. Pero tampoco parecía suficiente.

La idea a la que llegó el departamento que dirige Gabriela Bravo, cuya profesión es fiscal, fue la contratación de una empresa externa que se encargaría de descargar los pesados ficheros, de varios terabytes, en diferentes dispositivos que se harían llegar a las partes, cerca de 70 letrados personados en esta macrocausa. Se trata de uno de los sumarios con más imputados de los que ahora mismo se tramitan en Valencia.

El verdadero contratiempo -insisten desde Justicia- es el tiempo que se tarda en descargar los ficheros y las capacidades de los discos duros.

Sin embargo, el plan se ha frenado. El juzgado ha pedido que, de momento, no se active esta solución porque quieren revisar toda la documentación. Todos los operadores jurídicos se encuentran sorprendidos ante el tamaño de estos archivos, algo insólito en causas de esta naturaleza. La instructora, por otra parte, mantiene aún cinco piezas secretas. Las defensas reclaman que se levante ya esta medida excepcional tras más de cinco años de indagaciones en secreto.