El juzgado archiva la causa contra el exalcalde de Cofrentes por tener de proveedor a su hermano

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena ha archivado la causa contra el que fuera alcalde de Cofrentes Raúl Ángel Balufo, investigado por delitos de prevaricación y malversación al tener como proveedor habitual del Ayuntamiento a su propio hermano. El familiar facturaba al Consistorio por productos de limpieza, vestuario para los funcionarios y material para las dependencias, según consta en las actuaciones.

La denuncia se produjo de manera anónima. Un escrito llegó a la Fiscalía Anticorrupción, que terminó derivando el asunto a un juzgado de Instrucción. Este método, el de la delación anónima, ha propiciado la apertura de numerosas investigaciones por casos corrupción, entre ellas destacan las del Ivam, Taula o Les Arts.

El Tribunal Supremo ha avalado la denuncia anónima para impulsar investigaciones pese a desconocerse de dónde parte esa información inicial. Pero en este supuesto las diligencias se han abortado antes de llegar a la apertura de juicio oral.

La titular del juzgado dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento y deja a los investigados al borde del banquillo. Sin embargo, la fiscalía reclamó entonces el sobreseimiento al igual que las defensas de los investigados. La defensa del hermano del edil, representada por el despacho Gómez Tejedor, arremetía contra la instructora porque la resolución «había supuesto una huida hacia delante» tras haber agotado «indolentemente» el periodo de investigación sin que la acusación pública hubiera impulsado las pesquisas.

El alcalde del municipio era Raúl Ángel Balufo quien sustituyó como primer edil a su padre, máximo responsable municipal desde hacía tres décadas. La empresa sospechosa de recibir un trato de favor era Balucel SL, mercantil que proporciona una variedad de productos desde ropa de trabajo, a productos de limpieza pasando por material de oficina y mobiliario.

Los testimonios de varios funcionarios han resultado favorables a los investigados. Por ejemplo, el Consistorio sigue efectuando pedidos a proveedores locales y, en algún caso, a precios superiores a las anteriores empresas. Una auxiliar administrativa descartó que recibiera órdenes del primer edil indicándole con quien debía contratar los suministros.

El secretario interventor del Consistorio dio su apoyo al alcalde investigado. El responsable explicó que los precios de la mercantil bajo sospecha siempre eran los más bajos frente a otros proveedores y que únicamente eran los jefes de servicio los encargados de dar la orden de la contratación.

Durante años, al parecer, sí es cierto que otras firmas enviaban presupuestos, pero finalmente desistieron al ver que nunca eran las seleccionadas por tener un mayor coste para las arcas del municipio. Y en la actualidad se sigue esa misma fórmula, la de encargar los servicios sin la necesidad de otras ofertas, según estos testigos que han declarado en las pesquisas.

De igual modo, subrayó que se siguen haciendo pedidos a la empresa del hermano del exalcalde. También el mismo responsable recuerda que cuando en los plenos se votaban los encargos a esta empresa, el munícipe se ausentaba para no interferir en esa deliberación. Las defensas del edil y el familiar consideran que de la instrucción se concluye que no se dan los requisitos para hablar de prevaricación, como el hecho de dictar una resolución injusta «a sabiendas» de su ilegalidad.

De igual modo, descartan la existencia de malversación. En ningún caso se produjo un perjuicio a los fondos del municipio, más bien lo contrario porque siempre se elegía la oferta más económica. El juzgado, tras la petición de sobreseimiento, decretó el archivo al no darse en la causa los suficientes indicios delictivos como para mantener la imputación.