Un juzgado busca a Baldoví para que declare por un delito de prevaricación

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sueca busca al diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, y a la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, para citarlos a declarar en una causa por presunta prevaricación administrativa. Los dos dirigentes fueron en su día alcaldes de Sueca y bajo su mandato se desarrolló un expediente urbanístico por un exceso de volumetría que desde 2007 transita por los tribunales. En un auto firmado por la Audiencia Provincial de Valencia el 24 de junio de 2019 se remarca que los hechos «podrían tener indiciariamente y de forma provisional los caracteres propios de un delito de prevaricación y en su caso una desobediencia».

Al Ayuntamiento de Sueca llegaron cuatro notificaciones para citar a dos funcionarias y a los exalcaldes Baldoví y Tamarit. Las dos empleadas municipales recibieron la comunicación y el Consistorio contestó al juzgado que no podía trasladar la citación a los dos exalcaldes porque ya no tenían vinculación con la institución y no desempeñaban su función allí. El Ayuntamiento sí que informó al juzgado que si se remitía un oficio previo podría facilitar el domicilio de los dos exdirigentes municipales para que fueran notificados. Según ha podido saber este periódico, las dos trabajadoras del Consistorio han sido citadas a declarar el 22 de enero en el juzgado número 2 de Sueca.

El caso se remonta a 2007 cuando los propietarios de un inmueble en la urbanización de Les Palmeres denunciaron la ejecución de unas obras ilegales en la calle Vía Sant Roc por un exceso de volumetría. La denuncia se presentó a principios de ese año y el jefe del servicio jurídico del Ayuntamiento de Sueca rubricó un informe en el que ordenaba la paralización de las obras. Además, la valoración apuntaba a la demolición de lo construido si no disponía de la licencia correspondiente. El 22 de mayo de 2007, un nuevo informe certificó que no sólo no se había hecho caso sino que las obras seguían en marcha.

La denuncia se presentó unos meses antes de que Joan Baldoví asumiera la vara de mando de alcalde de Sueca pero durante su mandato se desarrollaron el grueso de los acontecimientos. A pesar de existir una sanción y un informe de derribo, la vivienda con exceso de volumetría siguió en pie –y todavía continua– a pesar de las constantes reclamaciones presentadas por los vecinos afectados. Baldoví incluso ostentaba la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, por lo que estaba bajo su responsabilidad el cumplimiento de un expediente que impuso el derribo y una sanción de 43.112 euros.

La situación se mantuvo igual tras la salida de Baldoví de la alcaldía de Sueca y la llegada de Raquel Tamarit, que durante su mandato tampoco ejecutó el expediente de derribo de la construcción con un exceso de volumetría. Los denunciantes se armaron de paciencia y mantuvieron la batalla judicial sorprendidos por la postura del Consistorio. Los afectados vieron cómo doce años después la Audiencia Provincial les daba la razón: «Resulta obligada la investigación penal para determinar el motivo por el que las personas responsables de ello –de no haber paralizado la construcción y de no haber ejecutado el derribo– no cumplieron con la legalidad administrativa aplicable».

Los denunciantes pidieron la declaración en calidad de investigados de Joan Baldoví y Raquel Tamarit a la vista de que no se cumplía con las órdenes dadas por el jefe de servicio. Ante la petición y el auto de la Audiencia Nacional, el juzgado de Instrucción número 2 de Sueca pidió al Consistorio la relación de cargos de los exalcaldes de Compromís. En la comunicación remitida por el Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este periódico, llama la atención en que no se notificó que Baldoví había tenido la máxima responsabilidad en el área de Urbanismo durante el desarrollo del expediente no ejecutado. Un olvido que tuvieron que refrescar los denunciantes ante el juzgado, que también quieren conocer si se pagó la multa de 43.000 euros.

En su día, hasta el Tribunal Supremo dio la razón a los afectados ante la inacción del Ayuntamiento. El Consistorio, tras la decisión del Alto Tribunal, ordenó la demolición de las obras en 2018 pero el expediente se archivó y se abrió uno nuevo, una decisión que fue tumbada por la Audiencia Provincial.