Un juzgado de Castellón reactiva la causa contra el exconseller de Zaplana

Unos pagos de Elecnor, una de las beneficiarias de la adjudicación de parques eólicos, a una empresa sin actividad y sin trabajadores -únicamente la hija de Castelló- despertaron las sospechas de la UCO. El primer informe se incorporó en el seno de Erial, en Instrucción 8 de Valencia. Pero finalmente -incluso el propio Castelló lo reclamó- la investigación se desgajó de la trama principal y se envió a un juzgado de Castellón.

En las últimas semanas se han producido diferentes registros en empresas e incluso en algún Ayuntamiento de la provincia. Se trata de órdenes de entrada acordadas por Instrucción 6 de Castellón, el juzgado que dirige ahora la investigación. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señalaron que no podían aportar más información debido al secreto que pesaba sobre las actuaciones.

La causa no estaba bajo secreto en Valencia, pero suele ser habitual decretarlo para practicar las entradas. Se suele terminar con esta medida excepcional una vez completados los registros.

El exdirigente tenía la empresa Inversiones y Servicios Gesfyan. Toda la familia formaba parte de la mercantil. Él y su mujer sumaban el 80%; el resto una de sus hijas.

La firma de Castelló tenía dos fuentes significativa de ingresos. Los 150.000 euros de Elecnor, una de las firmas que participaban en la empresa Guadalaviar, que resultó adjudicataria de cinco zonas del plan eólico. La causa principal de Erial precisamente analiza el cobro de mordidas por el amaño de esas adjudicaciones.

Se da la circunstancia de que la hija del conseller era la única trabajadora de Gesfyan, la mercantil bajo sospecha. La UCO aseguraba en un oficio remitido al juzgado que cobró 113.000 euros en nóminas, una cantidad sorprendente para una persona que en aquel entonces estaba estudiando en la universidad (2009-2015).

El objeto de la empresa era el negocio de los arrendamientos de propiedades. Pero, al parecer, la UCO no encontró indicios de esta actividad. Pero ese dinero no estaría relacionado con los amaños bajo sospecha de las renovables sino con una especie de intermediación a favor de la empresa que desarrolló el diputado con municipios de la provincia de Castellón, territorio en el que presuntamente disponía de numerosos contactos. En las primeras indagaciones de la Guardia Civil se habló de Nules, Burriana, Xivert, Onda y Castellón, municipios en los que habría actuado.