El juzgado cerca a Fuset y pide al Ayuntamiento todos los contratos que ha firmado desde 2016

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha remitido un oficio a la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia por el que solicita información de todos los contratos firmados por el Servicio de Cultura Festiva de la corporación local, que dirige Pere Fuset. El juzgado requiere la cuantía de los contratos menores adjudicados sin contrato público, así como la de los que sí se hicieron con concurso en el periodo comprendido entre enero de 2016 y mayo de 2018.

La solicitud del juzgado se completa con el requerimiento al consistorio valenciano de copia de todos los informes en los que se hubiera realizado 'observación complementaria' «por entender que podría haber un fraccionamiento de contratos», y 'fiscalización de disconformidad' «por exceso del límite para los contratos menores», en el mismo periodo de tiempo -prácticamente dos años y medio-.

Por último, el oficio, que lleva fecha del pasado 28 de junio, solicita información específica de los contratos menores suscritos con cuatro empresas: Regesmit SLU; Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL; y Enmovyment Cocop. Val.

El requerimiento del juzgado número 2 de Valencia emplaza al consistorio que dirige Joan Ribó a facilitar un verdadero striptease de los contratos firmados por Fuset desde la concejalía de Cultura Festiva. Al requerir la información a la Intervención General del consistorio, el juzgado apunta a las indicaciones que desde ese departamento se puedan haber venido haciendo en relación con la adjudicación de contratos sin concurso público -lo que se conoce como 'a dedo'-.

Tal y como informó este diario el pasado mes de marzo, el citado juzgado de instrucción abrió una investigación a Fuset por presunto fraccionamiento de contratos, vinculados a la celebración de Expojove y otros eventos vinculados a su departamento. Para entonces, el juzgado ya solicitó a la Policía que indagara sobre posibles vínculos entre el edil, Compromís y cuatro empresas -las cuatro mencionadas-. Las adjudicaciones señaladas superarían los 218.000 euros de cuantía, en el periodo comprendido entre abril de 2016 y febrero de 2018.

La investigación sobre Fuset arranca de una denuncia presentada por el asesor del grupo municipal popular Luis Salom. El juzgado ya encargó recientemente a la policía un informe acerca de los beneficiarios de las adjudicaciones realizadas por el concejal Fuset para averiguar si existía alguna conexión entre el edil de Compromís y los empresarios que obtuvieron los encargos. Si el informe policial confirmara estos extremos, la investigación se extendería inevitablemente a un delito de malversación.

El auto conocido en marzo derivó en una cierta polémica relativa a la condición de investigado del concejal. Desde el consistorio intentó sostenerse que Fuset estaba «denunciado» o «inculpado» por la denuncia del asesor del PP, pero no imputado, condición que acreditó el TSJ en un auto. Con todo, cuando los servicios jurídicos del consistorio se personaron en el juzgado para conocer la situación del edil Pere Fuset, se les entregó el auto por el que se incoaban las diligencia previas y se le otorgaba al concejal la condición de investigado, antes imputado, pese a negarlo hasta ese momento.

El fraccionamiento es una práctica en la Administración que consiste en dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos para evitar que el importe supere el límite de los contratos menores y el encargo deba salir a concurso público. Ese es el motivo por el que la titular del juzgado número 2 solicita información de la cuantía de los contratos adjudicados por uno y otro procedimiento.

Además, la instructora ya acordó recientemente la comparecencia del Interventor del Ayuntamiento para que explicara la actuación del área que controla el delegado de la formación nacionalista.

Los hechos denunciados se refieren a la contratación de servicios de personal para distintos eventos organizados por la concejalía de Cultura Festiva en el periodo citado y sin que en ninguno de los casos se produjera un concurso público. Al contrario de lo que sucedió con el gobierno del Partido Popular, donde una empresa se adjudicó en libre concurrencia el servicio de personal con un presupuesto de 100.000 euros, en el actual mandato se decidió cambiar de sistema.

La modificación del criterio tras la llegada del actual gobierno municipal supuso lo que la denuncia entiende como un fraccionamiento de contratos, incluso dentro del mismo evento. El concejal popular Félix Crespo denunció en mayo del pasado año el gasto de 90.000 euros de esta manera, una parte de lo que ha aflorado en una posterior investigación. «Fuset está contratando directamente a empresas y está incurriendo en fraccionamiento de contratos para no superar los 18.000 euros tan recurrentes para el tripartito», dijo entonces.

No es este el único asunto en el que su nombre aparece en una causa judicial. El juzgado número 20 también mantiene abiertas unas diligencias para investigar otra actuación del edil de la coalición. En este caso se trataría de la adjudicación de los carteles de Fallas del pasado año. Las pesquisas se iniciaron, de nuevo, por una denuncia del PP.

La investigación se centraría en las razones por las que se adjudicó primero la creatividad, por un importe superior a los 4.500 euros, pero luego se facturó en total, cerca de 20.000 euros por diferentes trabajos, uno de ellos relacionado con adaptar el diseño al plan de medios. Otro juzgado archivó, en marzo del año pasado, otra denuncia contra Fuset, en ese caso por fraccionamiento de contratos en la instalación del Buzón Real en 2017.