El juzgado cierra ahora la investigación del pitufeo tras dos años de silencio

La investigación sobre el blanqueo en el Grupo Municipal del PP ha concluido. La jueza sustituta, el titular de Instrucción 18 se encuentra de baja, ha dictado una providencia de la que se desprende el fin de las actuaciones en la que permanecen imputados medio centenar de exediles, asesores y exasesores del Partido Popular.Anticorrupción les acusa de blanquear 50.000 euros de una caja B del partido. El método supuestamente consistía en donar 1.000 euros y posteriormente la organización los devolvía en dos billetes de 500 euros.

Lo más sorprendente no es la decisión de finalizar el periodo de investigación sino la forma en la que esta se produce. La jueza recuerda que la Fiscalía Anticorrupción solicitó en diciembre de 2018 la prórroga de las actuaciones, tal y como tiene encomendado por ley. De inmediato, cerca de una veintena de investigados se opusieron a prolongar las diligencias. Pero se da la sorprendente circunstancia que el titular no resolvió acerca de este particular.

De la resolución de ayer se concluye que ya no se podrán practicas más diligencias en esta pieza, que analiza el blanqueo del PP, pero también la financiación ilegal de la formación desde 2007, apartado en el que está imputado el exvicealcalde Alfonso Grau. La jueza que ha asumido la dirección del órgano admite en su breve resolución que dado el tiempo transcurrido y habiendo quedado «precluida la posibilidad de prorrogar la instrucción» no resulta necesario un pronunciamiento más extenso.

Lo atípico y ciertamente extraordinario de este asunto es que ahora existen diferentes interpretaciones judiciales respecto a la validez de lo efectuado con posterioridad a esa fecha, diciembre de 2018. La realidad es que, por suerte para las acusaciones, apenas se han practicado diligencias. DE hecho, la instrucción está agotada desde hace meses. No obstante, sí destaca una especialmente que rompía la estrategia de defensa de todos los investigados. Fueron las comparecencias del exedil Alberto Mendoza y de la asesora Cristina Montalva que, en definitiva, confirmaron que les ofrecieron la devolución del dinero, pero descartaron la propuesta. El resto de los imputados, salvo una trabajadora arrepentida y los testigos, han negado esa proposición de reintegro del dinero.

Algunos letrados plantean que lo actuado desde entonces, diciembre de 2018, no sería válido y no podría incluirse como pruebas dentro de la investigación ya que se celebraron sin que estuviera vigente una prórroga de los plazos que entonces marcaba la norma. Otras fuentes judiciales sostienen, sin embargo, que mientras no exista una resolución judicial denegando la prórroga se podía seguir instruyendo. Sin embargo, no parece una cuestión pacífica. Otra de las tesis es que la causa todavía seguiría viva tras la reforma del pasado verano, que daba otros doce meses de 'vida' a las causas que estuvieran abiertas. Este periodo concluye el próximo mes de agosto. Toda esta incertidumbre augura recursos a la Audiencia para conocer la posición de los magistrados ante esta situación.

Anticorrupción espera desde hace meses el procesamiento de los investigados. Las defensas aguardan el archivo. Pero el caso es que ninguna de estas resoluciones se produce, lo que irrita a las acusaciones y abogados ante la parálisis instalada en el órgano.

La letrada de la administración de Justicia de Instrucción 18 dictó hace unas semanas una diligencia en la que anotaba algunas de las peticiones trasladadas por abogados y la acusación popular de Compromís. En primer lugar, trataba de justificar el enorme retraso que acumula el expediente que no encuentra precedentes en casos de similar naturaleza. Indicaba que se debía a las dos bajas médicas del magistrado durante el último semestre. Sin embargo, eso no explicaría la demora ya acumulada hasta hace seis meses, ya suficientemente significativa.

La situación enoja a las defensas que ven cómo los exediles del PP y el resto de investigados se están viendo perjudicados de manera gratuita. No es que exijan un sobreseimiento –o al menos ya no es esa su única reclamación– sino que resuelva ya en el sentido que sea: el procesamiento o el archivo de las actuaciones.

La letrada de la Administración anunció que había dado orden a los funcionarios para que liberaran de señalamientos el mes de marzo para que el juez pudiera concentrarse en esta pieza del blanqueo y en otras de las conocidas como el caso Imelsa, las indagaciones respecto a Alfonso Rus, que se encuentran en una situación similar. Se trataba de una previsión sobre el papel. Pero a nadie le sorprendería, como ha ocurrido en otras ocasiones, que todos los planteamientos quedaran reducidos a un conjunto de buenas intenciones.

Tampoco quedaba claro quién iba a resolver sobre estos asuntos, si el titular del juzgado, que actualmente sigue de baja, o si la jueza que le sustituye. Al parecer, la secretaria tiene la intención de que si el juez prorroga su baja darle traslado a su compañera de algunas peticiones del caso del blanqueo. Se ignora por qué no lo ha hecho ya. Una de esas sería la solicitud de sobreseimiento que presentó ya hace años la exedil Beatriz Simón. De igual modo, todavía está por resolver la solicitud de Turismo Valencia para personarse como acusación popular en este caso. Este escrito tiene fecha de junio de 2018.

Compromís preguntó hace un mes qué estaba ocurriendo con la instrucción para que no siguiera un ritmo normal. Un escrito exactamente en los mismos términos que el presentado un año antes.