El juzgado dicta órdenes de detención para dos acusados del caso Viveros

El Penal 17, el órgano que finalmente juzgará la muerte de un operario en el montaje de las gradas para la Feria de Julio de 2017, ha dictado órdenes de busca y captura para dos de los acusados en la causa de quienes se ignora su paradero tras abandonar su domicilio sin ofrecer ninguna explicación al juzgado.

Uno de ellos, al parecer, ha sido localizado, según comentaron diferentes fuentes no oficiales. El paradero del otro procesado se desconoce. LAS PROVINCIAS contactó ayer con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para conocer la situación de estos dos sospechosos y sigue a la espera de una versión oficial. Las resoluciones afectan a los acusados Julián Arribas y a Jacobo Arribas.

La primera de las órdenes de búsqueda, detención y citación al juicio oral corresponde a finales de octubre. La de Julián Arribas, sin embargo, es de hace apenas tres días. Las penas para ambos, por suerte para el resto de acusados, no exceden de los dos años de cárcel por lo que una hipotética ausencia -una vez correctamente notificados- no impediría, de entrada, la celebración de la vista. Esta hipótesis afecta a ambos casos. Si el castigo demandado por alguna de las acusaciones superara los dos años de prisión, el juicio no puede celebrarse sin su presencia.

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Un retraso de las vistas es lo último que desearía el concejal de Compromís, Pere Fuset. No serían las primeras dilaciones que ha sufrido este asunto y que, en definitiva, perjudican especialmente a la familia de la víctima que no puede cobrar la indemnización que quizá le corresponda por el fallecimiento. Pero también, por otra parte, lastran la carrera del edil de Compromís que se ha visto obligado a dejar la concejalía de Fiestas y ha sido apartado de la carrera por la sucesión de Ribó.

El edil de Compromís aguarda el juicio final con la confianza de obtener una absolución. Sin embargo, en paralelo, las compañías aseguradoras mantienen abiertas líneas de comunicación para pactar una indemnización con la familia de la víctima -más alta y cobrada de inmediato- para que se retire el escrito de acusación y no sea necesaria la celebración de la vista.

Todo este periplo judicial tiene un evidente coste económico. Recientemente la Junta de Gobierno Local aprobó pagar 8.100 euros al concejal por los gastos de defensa que le han supuesto las denuncias del asesor del PP, Luis Salom. Se trata de un importe que el actual edil de Agenda Digital adelantó en su día a su equipo legal para hacer frente a las acusaciones de Salom sobre el fraccionamiento de contratos en Expojove. Las denuncias finalmente han resultado infundadas. Instrucción 2 de Valencia archivó las diligencias tras meses de indagaciones policiales.