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La investigación a dos concejales de Compromís se asienta básicamente sobre la existencia de una grabación en la que los ahora investigados tratan de comprar ... la voluntad de un edil para una moción de censura. Los hechos, gravísimos porque suponían alterar la voluntad de las urnas, tenían como objetivo un cambio de gobierno en Palma de Gandia. El juzgado practicó ayer el cotejo de la grabación, es decir, una comprobación de que la transcripción se ajusta a la conversación que mantienen los participantes.
El documento, redactado ahora por el propio Ayuntamiento, se efectúa tras algunas quejas porque la primera transcripción no era fidedigna o incluso se malinterpretaba. El audio, principal prueba con la que cuentan las acusaciones, fue reproducido ayer, en parte, en sede judicial. En concreto, los extractos de mayor enjundia. Apenas se efectuaron puntualizaciones de relevancia.
Manuel Sansaloni y Ricardo Pastor son los dos ediles de la coalición nacionalista que se encuentran bajo sospecha. La Fiscalía y también la acusación particular, el propio Consistorio, sostienen que trataron de sobornar a David García, compañero del PSPV. Para ello, se reunieron con él en un bar de Benirredrà y le ofrecieron una serie por concesiones. En primer lugar, se le premiaría con un sueldo de 1.000 euros, pero no hacía falta que fuera a trabajar. Sus tareas, en teoría, las podía desarrollar otra persona. La oferta no era sólo para esta legislatura sino que se comprometían a mantenerlo en la próxima legislatura si conseguían la vara de mando.
Además, se le ofreció también la promoción de una tienda del edil con la organización de unas carreras sufragadas, en su totalidad o parte, por el propio Consistorio.
La causa encara ya su recta final. El denunciante ya ratificó en su día la denuncia y los dos acusados han comparecido en sede judicial para dar su explicación ante esta comprometida grabación. No quedan diligencias por practicar. La instrucción parece agotada tras la ratificación del audio. Ahora el titular del juzgado deberá decidir si considera que existen suficientes indicios para seguir con el procedimiento penal. Deberá dictar en ese caso el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que da traslado a las acusaciones y aboca a los acusados al banquillo.
Las elecciones municipales de 2019 dieron cuatro concejales a Compromís, dos al PSPV y tres al PP. Inmaculada Escrivá fue la primera alcaldesa. Unos meses más tarde, la primera edil fallece. En la nueva votación, vence la candidata del PSPV, María Trinidad, con el sorprendente apoyo del PP. Es entonces cuando los representantes nacionalistas supuestamente trataron de buscar la complicidad del edil del PSPV.
Este tipo de sucesos no son frecuentes, pero sí existen antecedentes. Por ejemplo, el caso de Nerea Belmonte, concejal no adscrita en Alicante, que denunció que el líder del PSPV Ángel Franco le había ofrecido 3.000 euros de sueldo en una empresa a cambio de que diera su voto a la candidata socialista. En aquel supuesto, la denuncia de la Fiscalía se archivó por falta de pruebas. En el caso actual, hay una diferencia fundamental: la existencia de la grabación. Ya no es la palabra de uno contra la del otro.
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