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Juzgados ordinarios de todo el país tienen abiertas 29 causas penales para investigar las muertes en las residencias de ancianos durante de la pandemia. Los datos difundidos hoy por la Fiscalía General del Estado en su informe semanal recogen que algunos de los delitos investigados son omisión del deber de socorro, falsedad en documento oficial y malos tratos en las personas mayores.
Uno de los procedimientos abiertos por una denuncia de un particular a quien le impidieron visitar a un familiar residente antes del estado de alarma fue archivada. Esto ocurrió en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). En otros casos las fiscalías territoriales pidieron el sobreseimiento provisional por fata de indicios delictivos.
Las causas están repartidas en juzgados de la Comunidad de Madrid (seis), Castilla y León (seis), Cataluña (cinco), Aragón (cinco), Región de Murcia (tres), Extremadura (dos), Galicia (una) y Castilla-La Mancha (una). Se da la circunstancia que las autonomías con mayor número de procedimientos judiciales son las que mayor mortalidad han tenido en los geriátricos, la zona cero de la letalidad de la pandemia del coronavirus.
Respecto a las diligencias penales abiertas por las fiscalías territoriales, en una semana se han abierto tres nuevas investigaciones, por lo que la suma total se eleva de 209 a 212. Estas diligencias podrían ser judicializadas, vía denuncia o querella, si al término de su examen los acusadores públicos estiman la existencia de indicios de delito.
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