Los juzgados rechazan las peticiones de Les Corts de informes sobre Crespo Gomar

valencia. Los tiempos de la justicia y de la sociedad son bien distintos, pero los de la política y la justicia, también. Al final, la realidad se impone, y la comisión de investigación sobre la financiación del PSPV y Bloc, que capitanea Podemos, está dándose de bruces contra la pura y dura realidad de la vida. Si querer investigar una causa archivada (como es el caso de la comisión sobre Feria Valencia) ha evidenciado un desfase entre los intereses políticos y los judiciales, en el caso de las indagaciones parlamentarias sobre la financiación de los partidos, que las diligencias judiciales estén bajo secreto de sumario está suponiendo un obstáculo insuperable. Esa resistencia, previsible, aún empeora por los errores, de bulto, que comete la Cámara cuando solicita datos improcedentes o a instituciones que nada tienen que ver con el asunto que pretende investigar la comisión liderada por Podemos. En el plazo de apenas un mes, entre el 22 de noviembre y el 26 de diciembre, 34 días, por Registro de Entrada de la Cámara se recibieron hasta siete notificaciones que, de una u otra manera, rechazan las peticiones de documentación de Les Corts, entre otras, sobre las adjudicaciones a Crespo Gomar, la empresa salpicada en la investigación.

Que las diligencias son reservadas y no tienen carácter público, algo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 301, se le ha recordado a la comisión por parte del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, así como por el 43 de la capital, y ese mismo argumento irrefutable empleó Intrucción número 21 de Valencia, si bien este último juzgado, además, informó a Les Corts que reclamaba las diligencias en el lugar equivocado, un error que también le recordó el Decanato de Juzgados de Madrid en su escrito del 23 de noviembre, donde, por si fuera poco, instó a la Cámara a indicar «con claridad el número de Juzgado, así como el número y tipo de procedimiento» que pida en el futuro.

En el caso de Instrucción número 1 de Benidorm, le recuerda a la comisión de investigación la «dificultad de valorar» si es procedente entregarle documentos «por no encontrarse en su escrito identificada la causa en la que pudiera encontrarse la documentación solicitada». Es decir, que los parlamentarios pidieron datos sin ton ni son. Igualmente, un escrito del Ministerio del Interior también le recuerda a sus señorías que las diligencias sobre la financiación de los socialistas y nacionalistas están declaradas secretas.

Para rematar, desde la Ciudad de la Justicia, el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales remitió una diligencia donde se le advertía a la comisión que se dirigía al juzgado equivocado y que, además, las diligencias que solicitaban no eran sobre financiación política sino que estaban relacionadas con la «denuncia de robo con fuerza en las cosas, por lo que nada tiene que ver con lo interesado por la comisión».

De este modo, la comisión de investigación no está siendo capaz ni de convocar a los comparecientes en tiempo y forma (ha tenido que anular su última sesión porque de las cinco personas requeridas sólo una había confirmado la recepción de la instancia a acudir a Les Corts), ni de reclamar la documentación pertinente a los juzgados o instituciones que los custodian, ni de solicitar las diligencias previas con la básica precisión como para que los tribunales sepan qué les está reclamando la Cámara.