Un jefe de Laterne dice que Grau se reunió con empresarios salpicados por Taula

La instrucción judicial del caso Taula continúa debilitando la presunción de inocencia del exvicealcalde Alfonso Grau. El exdirector general de Laterne, la agencia de comunicación que organizó la campaña del PP de 2007, confirmó ayer al juez que Grau se reunió con los empresarios que supuestamente terminaron financiando al partido para pedirles que invirtieran en la firma satélite de Laterne, aquella que pretendía copar buena parte de los concursos de Valencia y que finalmente no tuvo ni actividad.

Este directivo aseguró que el exvicealcalde ejerció un papel activo en la captación de inversores para la nueva mercantil -cada uno aportó una media de 150.000 euros- y que se dedicaba a transmitir las bondades del proyecto. Esta circunstancia, el hecho de que un cargo político mantuviera encuentros con empresarios para negocios privados, ya evidencia una posición comprometida para el exvicealcalde. El argumento que supuestamente utilizaba era que estaba en juego la proyección de Valencia.

El mismo testigo también apuntó que el abogado José María Corbín, representante legal de la exsecretaria del Grupo Municipal Mari Carmen García-Fuster, participaba en estas operaciones. El conocido letrado, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, era quien les redactó los contratos o bien les entregó el formulario con las indicaciones precisas para incluir esto en el documento, según recordaba el extrabajador.

Al menos se celebró un encuentro entre este testigo, el dueño de la mercantil, Vicente Sáez Tormo, y el abogado en el despacho profesional de este último. No pudo precisar si Corbín participó en la reunión de Grau con los empresarios.

LAS PROVINCIAS se puso ayer en contacto con el letrado quien negó una vez más cualquier relación con la empresa investigada y haber participado en la constitución de la misma. Anunció una vez más que interpondrá acciones legales contra todo aquel que le involucre en este turbio asunto. No es la primera vez que su nombre aparece en la causa. Corbín ya presentó en su día una denuncia contra el testigo clave de esta investigación, Jesús Gordillo, por falso testimonio. Este tipo de denuncias no tienen recorrido al estar el asunto bajo investigación judicial.

Esta pieza derivada del caso Imelsa sigue acumulando documentación. Lo último que ha llegado al juzgado es un informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado que concluye que tres entidades municipales -Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CyD) y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (FIVEC)- eludieron la ley en sus contratos con City Marketing Conseil y Laterne. Todos los informes de la Guardia Civil apuntan que el PP, gracias al control de Grau, utilizaba el dinero público de esas empresas para contratar con Laterne por servicios ficticios.

El escrito de la IGAE analiza siete relaciones contractuales de las tres entidades con las dos empresas, Laterne y City Marketing, que compartieron administrador. De acuerdo con el informe, los contratos de quedan sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En ellos o bien se elude esa normativa o bien los principios de publicidad y concurrencia a los que estaban obligados por su condición.

Los contratos de mayor importe son los de Turismo Valencia, que ascienden a más de 600.000 euros. Además, la documentación se ha destruido. El juez ya ha pedido averiguar quién ordenó la eliminación de ese material. Con Fivec también se pagaron unos 150.000 euros. Y. por último, CyD celebró un contrato con Laterne por 192.496 euros en 2004 y tres con City Marketing Council en por importes de 172.413, 198.002 y 260.212 euros.