El letrado del caso Zaplana pidió ocho años y medio de cárcel al ponente de Erial que ahora recusa

Era no sólo posible sino más que probable. Y finalmente así ha sido. El letrado Vicente Grima, que representa a Vicente Cotino en el caso Erial, la investigación sobre cobro de comisiones por adjudicaciones que sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto cabecilla de la trama, ha presentado una recusación contra el magistrado José Manuel Megía. Este miembro del tribunal es el ponente, el encargado de elaborar la sentencia tras la deliberación con el resto del tribunal.

El trámite de la recusación ya no se desarrollará en la sección Cuarta, la encargada de enjuiciar al expresidente de la Generalitat y a un amplio número de colaboradores, entre los que figura el otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. Será un magistrado de otra sección el que resuelva este incidente de recusación presentado casi en el último momento. Grima tenía de plazo diez días desde que conoció la designación del ponente. Y ahora el resto de partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, pueden informar sobre esta cuestión.

La presentación de la recusación se basa en que el letrado denunció hace más de 20 años a Megía por un cohecho. Pero el TSJ, tras una investigación, archivó la causa. No llegó ni a juicio. En su escrito de recusación, Grima detalla todo lo acontecido a finales de los noventa cuando presentó la denuncia contra el entonces titular de Instrucción 19 de Valencia. Es más, añade que llegó a pedir elevadas penas de prisión contra el magistrado. En concreto, ochos años y medio por cohecho y amenazas.

El letrado trata de justificar que efectivamente sí concurre causa de recusación. La defensa de Cotino concluye que el juez carece de la exigible imparcialidad debido a la enemistad manifiesta que ambos arrastran desde entonces. «¿Va a tener el Magistrado la serenidad y frialdad de ánimo necesaria para juzgar con imparcialidad cuando al letrado defensor lo considera »repugnante«, »canalla« y »despreciable«, y le atribuye no sólo una intención de perseguirle, destrozar su honor y dañarle, sino ser causa con otros- de un dolor que está marcando su vida familiar y profesional desde 1996?», se plantea el letrado.

Esto no significa, aclara el letrado, que el magistrado tenga ya decidido resolver en contra de la representación de este abogado, lo que constituiría un delito de prevaricación, sino que la duda surge si en ese escenario puede «recibir y percibir con la necesaria entereza de ánimo y de juicio las alegaciones que este letrado concreto le dirija en defensa de su cliente».

Además, el representante legal, recuerda que el magistrado después de un juicio en el que intervino Megía en el tribunal -en realidad no siempre se ha abstenido aunque sí en la mayoría de los supuestos- decidió derivar a la Fiscalía las declaraciones de Grima en la sala, justo antes de retirarse y dejar la defensa en manos de otro compañero. El letrado llegó a declarar como investigado en unas diligencias de Fiscalía.

Este ha sido el último paso de una serie de vaivenes judiciales en los últimos días cuyo recorrido aún no ha terminado. Primero, se designó ponente a Megía por orden de reparto, tal y como sucede en todos los procedimientos. Pero Grima preguntó entonces si no se trataba de un error debido a los antecedentes que ambos acumulaban y que supuestamente les ha llevado a evitarse en los últimos 20 años de sus respectivas carreras.

Tras la repercusión mediática del caso, el magistrado decidió abstenerse. El asunto podría haberse detenido en ese punto. Sin embargo, sus compañeros rechazaron que existiera causa real de abstención ya que la enemistad no se podía calificar de manifiesta por la ausencia de actos externos que la evidenciara y, además, esta debe ser con el cliente y no con el letrado, según la tesis de los profesionales de la sección Cuarta. Y ahora ha llegado la recusación.

El supuesto cabecilla del conocido como caso Erial es Eduardo Zaplana. La instrucción ha dado por acreditado que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros.

Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La Fiscalía sostiene que fueron ellos quienes abonaron las cantidades económicas, de varios millones de euros, porque sus empresas obtuvieron enormes plusvalías con las adjudicaciones públicas.

La menor participación del expresidente José Luis Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan. El escrito de acusación incluye también al amigo de Zaplana y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos, junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de presuntos colaboradores del exministro en el caso Erial.

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