El presidente de Les Corts Enric Morera. LP

Los letrados corrigen a Morera por la mujer del excargo de Compromís

Aceptan el recurso del PP y sostienen que el presidente de Les Corts tiene que tramitar las solicitudes de documentación

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 17 de febrero 2020, 23:42

Un informe de los servicios jurídicos de Les Corts da la razón al PP por el recurso de reposición presentado contra la decisión del presidente de Les Corts, Enric Morera, de no tramitar las solicitudes de documentación presentadas por ese partido en relación con los contratos suscritos por todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia con María Nieves González, la mujer del exsecretario autonómico de Vivienda, Lluis Ferrando (Compromís).

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El informe al que ha tenido acceso este diario recuerda que las solicitudes que presentan los diputados en el Registro de la Cámara «no son objeto de trámite de calificación y admisión por la Mesa», sino que únicamente se realizan a través del presidente de la institución. Además, se subraya que los letrados de Les Corts ya han reiterado en sucesivos informes que la tarea que realiza el presidente de Les Corts es «estrictamente instrumental, reglada, se limita a ser mero intermediario entre el parlamentario o la Cámara en su conjunto y la Administración a la que se requieren esos datos, informes o documentos, que se necesitan por la Cámara».

El informe sostiene que presidencia puede instar la reformulación de solicitudes de documentación o su retirada, o trasladar la decisión a la Mesa, pero esas decisiones sólo encuentran acomodo constitucional «cuando no comporte ningún tipo de juicio de oportunidad sobre el ejercicio del derecho por parte del diputado».

El informe reconoce que la decisión de Morera no supone una admisión radical, sino una solicitud de reconsideración o retirada, por lo que tampoco puede considerarse que carezca de fundamento. Eso sí, rechaza los razonamientos planteados por el presidente de la Cámara respecto a la falta de indicios de la existencia de los documentos requeridos, así como que la solicitud planteada no afecte de forma directa a la Comunitat. «La existencia de sospechas por parte del PP, ya implica que afecten al interés general de la Comunitat», zanja.

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