Qué es la Ley de Seguridad Nacional y por qué el PP quiere aplicarla en Cataluña

El Partido Popular (PP) ha pedido la aplicación de la ley 36/2015 de Seguridad Nacional para paliar con la situación de incertidumbre en Cataluña. Sin embargo, el socialista y Ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado esta opción.

Ambos partidos, PP Y PSOE fueron impulsores en 2015 de esta misma ley, que tiene como objetivo unificar todos los cuerpos de seguridad del estado para gestionar una crisis nacional.

Se consieran «ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional» aquellos en que sea necesario preservar el bienestar de los ciudadanos y «garantizar el suministro de recursos y servicios esenciales». Algunos ejemplos son la ciberseguridad, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente.

La aplicación de esta ley es una de las diferentes opciones que se barajan estos días como posibles réplicas a las protestas independentistas en Cataluña. Otras alternativas son el artículo 155 y el artículo 116, o declaración del estado de alarma, excepción o sitio.

El artículo 155 permite al gobierno intervenir en las competencias de una autonomía para forzarla al cumplimiento de aquellas leyes que esté incumpliendo. Se activó en 2017 durante la presidencia de Mariano Rajoy.

El artículo 116 regula el decreto del estado de alarma, excepción o sitio, siendo esta última la opción más extrema a la hora de afrontar una emergencia nacional, ya que implica la supresión temporal de algunos derechos y libertades de los ciudadanos.

Activar la ley de Seguridad Nacional supone la obligación de las comunidades autónomas de cooperar con los recursos de los que dispongan. En el caso de Cataluña, los Mossos d'Esquadra podrían quedar a la disposición de la Seguridad Nacional, y trabajar conjuntamente con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se trata, por tanto, de una solución más laxa que la represión de la autonomía o el estado de sitio, pero también más rápida.