Los otros linchamientos judiciales que acaban en nada

En estos casos no hay etiquetas políticas. Francisco Camps es el último caso de un largo listado de causas judiciales -sólo a él le han afectado una decena- que se han llevador por delante la carrera política de dirigentes de los más diversos partidos. El PP es el que más ha sufrido esta situación, pero también hay casos en el PSPV. Y Oltra hace que Compromís esté en la misma situación. Que ha habido condenas a responsables políticos es indiscutible. Y que algunos de ellos han entrado en prisión es una realidad empírica. Pero que junto a ese hecho ha habido verdaderos linchamientos políticos y judiciales que, finalmente, han acabado en nada, también es una realidad.

El carpetazo al caso Oltra, la investigación judicial que obligó a Mónica Oltra a presentar su dimisión, puso fin a dos años de vía crucis político y personal de la exlíder de Compromís. El archivo de la investigación -«ningún indicio de delito», se señalaba- resultaba contundente, aunque no pudo dar marcha atrás al coste que para Oltra y su entorno más cercano tuvo este proceso. Compromís, claro está, se apresuró a abrirle la puerta de regreso, y la propia Oltra ya se ha dejado ver en un acto de Iniciativa.

El caso de Camps, como el de la exlíder de Compromís no es ni mucho menos el único. Otras muchas carreras políticas, o vinculadas a la acción política desde puestos de responsabilidad en distintas administraciones públicas, han sido víctimas de denuncias judiciales que derivaron en procesos que arruinaron sus carreras políticas o profesionales.

Cerca de una veintena de grandes causas de corrupción en la Comunitat Valenciana denunciadas en los últimos años han acabado en nada. Las cuatro piezas de la F1 (la organización del evento y las obras en el circuito); el caso del pitufeo, la absolución de Alquería y el Palau de les Arts, la desaparición de las sospechas sobre el desfalco de RTVV, el sobreseimiento de la visita del Papa a Valencia, el carpetazo de Ciegsa y el final de las acusaciones contra Marisa Gracia (FGV), el caso Ivacor... O entre las más recientes, el archivo de la trama valenciana del macrosumario de Púnica tras nueve años de pesquisas. O por remontarnos a un pasado no tan lejano... El caso de los Jardines de Monforte, el sumario de Nóos o el intento de imputar a Rita Barberá por sus gastos de representación en el Ayuntamiento.

Los otros Oltra son dirigentes políticos de carne y hueso, algunos ya fallecidos, a los que se salpicó con denuncias en los tribunales que acabaron archivadas. Como ejemplo más ilustrativo, la muerte de Helga Schmidt como sospechosa de saquear Les Arts. Absolvieron a todos. La Fiscalía ni recurrió. De aquel caso aún se recuerde el despliegue policial, helicóptero incluido, a la búsqueda de una anciana... También falleció ya la exalcaldesa Rita Barberá. Ritaleaks fue una denuncia de Compromís que sostenía que la primera edil había utilizado fondos del Consistorio para actos privados entre 2011 y 2014. Desde Valencia apreciaron indicios y trasladaron la causa a la Fiscalía del Supremo. Allí la archivaron. No era suficiente para abrir una causa penal contra la entonces alcaldesa. A Barberá, como a Francisco Camps, se les intentó imputar por el Caso Nóos, aquellos congresos deportivos organizados por Iñaki Urdangarín. La Audiencia de Palma le condenó a él, pero el TSJ valenciano descartó imputar a los dirigentes valencianos. Entre los absueltos tras el juicio, el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Comunitat Valenciana, Luis Lobón.

El coste económico tampoco se puede considerar un elemento irrelevante. Decenas de imputados que han de sufragar de su bolsillo el pago de una defensa. En este sentido, conviene recordar la condena en costas que definitivamente ha pagado la Generalitat por reclamar en el Tribunal de Cuentas el supuesto perjuicio para las arcas públicas de la compra de Valmor. En 2020, ese tribunal absolvía de cualquier responsabilidad contable en la compra de esa firma por un euro a las exconselleras con el PP Trinidad Miró y Lola Johnson.

El PSPV también ha sufrido un caso similar. La Audiencia de Valencia concluyó que contratación de directivos en la firma pública Divalterra no fue delictiva. El caso quebró la trayectoria política del entonces presidente de la Diputación Jorge Rodríguez que montó un partido al margen del PSPV, Ens Uneix, ahora protagonista en la corporación provincial.

Marisa Gracia fue gerente de Ferrocarrils de la Generalitat. En 2020 fue absuelta de la causa que juzgaba el accidente del metro de 2006, y también después, cuando un programa de Évole forzó a la Fiscalía a la reapertura del caso. Gracia recordaba en una conversación con LAS PROVINCIAS el vídeo que se grabó Mónica Oltra camino de la Ciudad de la Justicia con una denuncia contra la directiva de FGV. La pieza terminaba con una frase de Oltra: «A Al Capone no se le pilló por mafioso sino por fraude fiscal... Pues que pague por algo», vino a decir. Oltra, tras el archivo de su caso, quizá no comparta decisiones como aquella.