Las llamadas de Oltra a su ex, el rol de la Abogacía y cuatro policías, claves para una acusación

El primer punto serían las comunicaciones que se producen entre Oltra y su jefe de gabinete Miquel Real en los días posteriores a que la consellera conozca la investigación por abusos. Real, por cierto, ha quedado fuera de las otras acusaciones. No ven delito contra él y tampoco contra Francesc Gamero, otro alto cargo de Igualdad. De igual modo, reclaman las llamadas entre Oltra y Luis Ramírez Icardi, el exmarido condenado. Quieren averiguar la intensidad de la relación entre la política y su pareja porque ella declaró que habían roto muchos meses antes de conocer el caso, aunque admitió que seguían conviviendo. Se trata de conocer el número de llamadas y los días porque el contenido, lógicamente, no es posible.

El segundo de los apartados que la acusación de Gobierna-te mantiene como imprescindible es determinar qué papel tuvo la Abogacía de la Generalitat en la atención de Tanco, hoy ya mayor de edad. Así, requieren que se oficie al departamento sobre las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizara en relación con la posible personación como acusación particular en defensa de la víctima.

Se trata de una situación que, según las acusaciones, incidió en la desprotección de la adolescente pese a que sus intereses estaban representados por la Fiscalía. No se le ofreció asistencia, aunque esta posibilidad sí está recogida en una ley autonómica, la 12/2008. Pero, al parecer, no se hizo ninguna gestión en este sentido.

El letrado que ejerce esta acusación, Pablo Delgado, también quiere que declaren los dos agentes de la Policía Autonómica que trasladaron a la adolescente esposada hasta el juzgado cuando ella era la propia víctima. La petición se efectúa pese a que en este término tanto el juez como la Audiencia coincidieron en que no existía delito.

Pero para esta acusación existe una máxima que permitiría, en realidad, todas estas diligencias. «No puede descartarse, por tanto y pese a la repetición hasta la saciedad sustentada ab initio, que quienes justificaron haber actuado conforme a los protocolos, no lo hicieran dirigidos u ordenados por alguno de los investigados conforme a la finalidad de cuyos indicios hay actual vigencia».

Por último, otra de las pruebas a practicar sería la declaración testifical de los dos agentes que conocieron, casi de casualidad, la denuncia de los abusos de Teresa Tanco. Ni desde el centro de menores ni por parte del personal de otra asociación que trataba y administraba parte del dinero de la tutelada -su padre está en la cárcel- se remitió comunicación a la Fiscalía. Fueron dos policías que completaban el traslado de otra interna los que se encontraron con Tanco en las puertas de las instalaciones y esta les comunicó la emergencia.

Este escrito, que todavía no tiene respuesta por parte del juzgado, ha sido interpretado como una maniobra dilatoria. Si el juez lo rechaza, será recurrido a la Audiencia, lo que garantiza unos meses más con la causa pendiente en esta fase intermedia y sin que se fije la fecha de juicio, una cuestión que ya todas las partes dan por hecho para el próximo año.

La reapertura supuso un jarro de agua fría para Oltra. El archivo del juez había aportado esperanza tras cerca de dos años de una exhaustiva investigación con un coste político, pero también personal, difícilmente asumible. Ese sobreseimiento y la reaparición de Oltra en el último congreso de Iniciativa, el partido que forma parte de la coalición de Compromís, llevó a pensar en un regreso a medio plazo para la que sigue siendo la referencia en Compromís. Pero todo se ha paralizado a la espera del desenlace de este procedimiento.