Cs lleva al Congreso una moción en contra del requisito lingüístico

El presidente de Cs, Albert Rivera, denunció la semana pasada que en comunidades como Cataluña, la Comunitat Valenciana o Baleares los gobiernos autonómicos han establecido «barreras lingüísticas para discriminar a los funcionarios» y eso ha generado una «problemática preocupante». Como ejemplo mencionó que en Baleares se han quedado vacantes algunos puestos en la sanidad pública porque no quienes querían ocuparlos no pudieron acreditar un nivel suficiente de catalán.

En su opinión, los aspirantes a puestos públicos «tienen que tener derecho a trabajar en cualquier lugar de España», y por eso Ciudadanos reclama que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea «un mérito pero nunca una barrera». «Tenemos que primar el servicio público frente a las identidades y primar a los ciudadanos frente a las cuestiones territoriales», subrayó.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamó ayer al PSOE que «no boicotee» la tramitación de esta proposición de ley, aunque cree que el Gobierno de Pedro Sánchez «tendrá muchas presiones» de los partidos nacionalistas e independentistas para que vote en contra.

Según destacó, no se trata solamente de «garantizar la igualdad de todos los españoles» en el acceso a la función pública, sino de asegurar «la calidad de los servicios públicos» en las comunidades autónomas que tienen varias lenguas cooficiales.

La proposición de ley que se debatirá en el Pleno del Congreso, y que defenderá el diputado valenciano Toni Cantó, busca modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que «todos los españoles puedan disfrutar del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas», eliminando para ello la «discriminación por razones lingüísticas». En este sentido, la ley establecería que a la hora de seleccionar empleados públicos en las comunidades autónomas, «el conocimiento de la lengua cooficial solo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcional a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar».

Además, Ciudadanos quiere que se considere «discriminatorio» exigir el conocimiento de la lengua cooficial como un requisito para el acceso o la promoción en el empleo público, así como hacer una «valoración desproporcionada» de ese conocimiento como un mérito. A su modo de ver, la importancia del mérito «se habrá de establecer en función de la naturaleza del puesto o empleo de que se trate».

Por último, la formación naranja argumenta que la situación actual «no justifica la discriminación positiva», ya que en algunas comunidades el conocimiento y la utilización de la lengua cooficial alcanza al 90% de la población, de manera que «el objetivo de la denominada normalización se ha alcanzado».

En el caso de la Comunitat Valenciana, el requisito lingüístico se encuentra pendiente de la tramitación de la nueva ley de Función Pública, que el presidente Ximo Puig anunció que entraría en Les Corts antes de fin de año. Con el horizonte electoral a la vista, parece poco probable que la norma -que además señala que será un reglamento el que fijo las condiciones del requisito lingüístico- pueda llegar a entrar en vigor antes de que finalice la legislatura.