El PP lleva ocho meses sin pagar 2.000 euros para poder acusar a Fuset por fraccionamiento

El Partido Popular no atraviesa una situación económica boyante. La formación lleva ya ocho meses sin hacer frente a una fianza de 2.000 euros que le impuso la titular de Instrucción 2 de Valencia para personarse en la investigación abierta al concejal de Fiestas, Pere Fuset, por el fraccionamiento de contratos en Expojove.

Esta situación le ha impedido ejercer un papel activo en la causa con la solicitud de diligencias o profundizar en el interrogatorio al que fue sometido Fuset el pasado verano. La responsabilidad en el pago recae sobre el Grupo Popular, que sería el encargado de hacer frente a esta fianza. Desde el Grupo Municipal ya descartaron en su día abonar los 2.000 euros porque el Interventor rechazaría derivar fondos municipales para una cuestión como esta. Así pues, el asunto queda en manos del PP.

El caso del fraccionamiento de contratos en Expojove y por extensión en buena parte de los eventos que realizó el departamento de Fiestas partió de una de las habituales denuncias de Luis Salom contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Pero en este asunto, a diferencia de la mayoría de investigaciones que han sido archivadas, ha tenido mayor recorrido. Incluso el fiscal hace unos meses, cuando tenía que informar acerca de si citaban al edil a declarar como imputado, optó por la comparecencia al apreciar indicios delictivos en la actuación del edil.

La imputación se sostiene fundamentalmente en un informe de la Intervención del Ayuntamiento acerca de la operativa de adjudicaciones en el área coordinada por el concejal. El órgano auditor, que cuestiona más de 500.000 euros en contratos, resolvió que en algunos de los expedientes analizados existiría una unidad funcional y operativa que aconsejaría su tramitación en un único procedimiento. Es decir, que se fraccionaron. Esta modalidad, no obstante, no es en sí misma un delito. Se trata de una práctica en la Administración que consiste en dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos para evitar que el importe supere el límite de los contratos menores y el encargo deba salir a concurso. Los contratos menores de servicios no pueden superar los 15.000 euros, IVA aparte. Además, la Intervención también detectó otras irregularidades como tramitar servicios por contrato menor cuando se rebasaba el importe máximo para esta modalidad. Debió sacarse a concurso.

Al menos una circunstancia avala la defensa de Pere Fuset, procesado recientemente por el accidente en Viveros. Los agentes no han hallado vinculaciones entre los dirigentes de las empresas de la denuncia inicial y Compromís. Las mercantiles supuestamente beneficiadas fueron Regesmit SLU; Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL; y Enmovyment Cocop. Val.