Llinares mantiene la cacería de una funcionaria por el caso de acoso sexual

La resolución a la que se refirió Llinares este martes, además, abre la puerta a que la Agencia inste a la Fiscalía a valorar si «la actuación de terceras personas» puede ser constitutiva de «un delito penal de revelación de secretos», lo que razona en virtud de que considera que un «uso indebido» de la funcionaria expedientada podría derivar en «responsabilidades de naturaleza penal de terceras personas por la publicación y utilización en prensa de los correos electrónicos corporativos de esta Agencia». La «publicación» es considerada como posiblemente delictiva por parte de Llinares.

Desde la puesta en marcha de la Agencia, al inicio de la legislatura con la que el Botánico se puso al frente dle Consell se han registrado ceses equivalentes a más de dos tercios de los trabajadores de una plantilla compuesta por funcionarios de alto nivel que entran y salen del organismo que lidera Llinares a un ritmo inusualmente alto. Según el informe interno elaborado con el fin de realizar el plan de igualdad de la entidad pública, hasta 2022 se registraron 33 ceses en un equipo compuesto actualmente por 46 personas.

Unos se van, y a otras Llinares las pretende echar utilizando la vía administrativa, cuando no castigarlas penalmente por considerar que, al menos una de ellas, ha cometido una «revelación de secretos». Todo ello a pesar de reconocer que no ha podido verificar que la traslación de correos del trabajo al correo personal por parte de una funcionaria sea la causa de una «filtración» de la investigación del supuesto acoso sexual, así como de las manifestaciones críticas de un directivo de la Agencia (que ahora pretende suceder a Llinares al frente del organismo) contra las reclamaciones de los delegados sindicales para que la preocupación que manifestó Llinares por ese caso de acoso laboral fuese similar frente a otros acosos (se supone que laborales) o en relación los conflictos por los derechos laborales que se reclaman internamente en la institución.

La dureza de Llinares hacia sus empleadas (dos expedientadas y una cesada) en relación a la investigación por el supuesto acoso nunca verificado le fue afeada en noviembre por la diputada de Compromís, Isaura Navarro, al recordar en Les Corts la importancia de aliviar una «situación compleja» y preguntarse «de dónde venían esos mensajes (de contenido sexual que propició la investigación luego archivada), si esa persona continúa en la Agencia… solo sabemos que hay expedientes a dos funcionarias pero no sabemos si esa persona que envía los mensajes sigue ahí. Lo mejor sería averiguar por qué se llega a esa situación y qué ambiente de trabajo hay en la agencia».

Los sindicatos UGT y CCOO recordaron en octubre pasado mediante un escrito en Les Corts que en marzo de 2023 reclamaron a la AVAF que realice una evaluación de riesgos psicosociales.

Este lunes, Llinares desveló una sanción disciplinaria a una trabajadora del organismo. Un total de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por presuntas filtraciones de documentos internos. La Agencia ha pretendido ejecutar esta sanción con celeridad. Quizá demasiada.

El mismo directivo que defendió el pasado mes de junio a Llinares por considerar que los delegados sindicales le estaban atacando injustamente cuando reclamaron que se investigase todo lo vinculado con los casos de acoso, es el que firma un requerimiento a la funcionaria expedientada instándole a devolver ordenadores y material de la Agencia en virtud de una sanción que no es firme. La funcionaria replicó recordando algo elemental para cualquier jurista y estudiante de Derecho, que no se puede ejecutar porque no es firme, ante lo cual, la Agencia anuló tan sólo 48 horas más tarde el requerimiento que le había hecho a la empleada pública, sobre la cual, Llinares señaló este lunes que «si el recurso de reposición no modifica nada, la resolución definitiva será firme y, además, se remitirá a la Fiscalía porque consideramos que se ha producido un delito de revelación de secretos».

LAS PROVINCIAS ha sido el periódico que ha adelantado la «publicación» de un caso que destapó las denuncias anónimas de supuestos acosos sexuales (que la propia Agencia asegura que investigó y que finalmente archivó), así como el clima de alta tensión dentro de las oficinas de la AVAF. En la resolución del expediente sancionador, el documento empieza con la noticia publicada por este periódico y acaba con la intención de reclamar a la Fiscalía que persiga penalmente la «publicación».

El director de la Agencia no se privó el martes de realizar un relato de la situación que va entroncando supuestos delitos por revelación de secretos, con filtraciones a la prensa. «Hubo una serie de acusaciones muy graves contra el personal de la agencia, que había habido acoso sexual, esto dio lugar a que se abriera un expediente interno informativo. Sorprendentemente, de esta investigación aparecieron unas filtraciones que aparecieron en un medio y contenían párrafos enteros de correos electrónicos internos del propio personal de la agencia», indicó Llinares, que en resoluciones anteriores deducía la filtración por una palabra entrecomillada procedente de los correos de la AVAF que, sin embargo, el martes convirtió en «párrafos enteros». Llinares explicó que otro expediente a otra funcionaria se inició más tarde y todavía no está cerrado, por lo que declinó hablar sobre él. En Les Corts se han registrado escritos de las empleadas donde en un caso se llega a denunciar «una conducta persecutoria, intimidatoria y represaliadora».

«El hecho de que el 20 de junio de 2023 remitiera un correo de apoyo al de los delegados de personal, que se entendió como crítico con la dirección por algunos de sus miembros, ha supuesto un calvario, una persecución, una sanción temporal y ahora una amenaza de sanción por 18 meses de suspensión de funciones con pérdida de puesto de trabajo», expone la funcionaria sancionada en sus alegaciones remitidas a Antifraude, al que ha tenido acceso Europa Press. Un ambientazo, el de la Agencia Antifraude.