Llinares trata de justificar la desprotección de la denunciante de la trama vinculada a Francis Puig

Aular acudió a la agencia a finales de julio del año pasado. El 5 de junio de 2019 realizó una petición para una reunión presencial con el personal de la Agencia Antifraude y detallar su caso. El 7 de junio de 2019, dos días despues, este organismo accedió a mantener ese encuentro al tiempo que reconoció que con la documentación aportada se desprendían indicios razonables de fraude o corrupción. En una entrevista concedida en LAS PROVINCIAS, Aular expresó su extrañeza por esta llamada y reconoció que no había salido satisfecha del cara a cara con Clemente. La denunciante no entendía por qué había sido llamada meses después de acudir a los juzgados y una vez la denuncia ya está en los tribunales. «Tras tres horas de reunión, pregunta tras pregunta, me llegué a sentir intimidada. Una de las preguntas era: ¿usted señora no tiene miedo a que esto le salpique? Dije no, porque yo no le he robado a nadie. Al final de la reunión, dije, díganme que hago yo aquí. La persona que me recibió estaba callada. Le dije, yo sí que tengo que decirle algo, necesito ser testigo protegida y me dijo: lo que le iba a proponer, pero tiene un precio, tu silencio, que yo no hablara con nadie y me callara. Me quedé sorprendida porque querían mi silencio. Me merecía la protección».

Llinaresha defendido esta mañana en el parlamento valenciano la actuación de su organismo. «Esta persona pidió cosas que la agencia no tiene competencias para hacer y ojalá pudiera. Da la sensación de que le hubiera defraudado al comunicársele que esta situación está así, ya quisiéramos pero no podemos. Las cuestiones pedidas por ella, desvelarlas, sería traicionar la confidencialidad, pero no coincidimos con algunas de las apreciaciones que se han publicado... somos respetuosos con estas personas, porque en algunos casos denunciar supone una muerte civil, y no queremos que nadie sufra por haber denunciado malas prácticas, pero en estos momentos he decir que los déficits en la protección de potenciales casos de corrupción se están trasladando al Gobierno central para la transposición de la directiva europea«, ha indicado Llinares.

El director de la agencia aseguró que podía garantizar «que no fue una entrevista de investigación, sino a ver cómo se la podía ayudar«. Entre la petición de Aular y el encuentro pasó cerca de un año durante el cual este periódico fue desvelando situaciones vinculadas a la trama que acabó judicializada y fuera del ámbito competencia de la agencia.

«Si esta persona salió defraudada y no solicitó la protección es porque, entre otras cosas, respecto a sus peticiones la agencia no tiene competencias para resolverlas. Ojalá pudiera tomar medidas de protección, pero ella planteaba una serie de necesidades, y las funcionarias le explicaron lo que podía hacer la agencia y lo que no«, ha indicado Llinares, que dice »disentir« del modo en que Aular se sintió intimidada. «No se ha intentado hacer una investigación paralela, sería una falta inaceptable que no permitiría que ocurriese dentro de la agencia«, ha insistido Llinares ante las preguntas del diputado popular Fernando Pastor.