La locuacidad en redes del jefe de Antifraude amenaza su pericial contra Zaplana

Esta práctica de la difusión indiscriminada de sus opiniones personales, poco recomendable para quien se sitúa al frente de un organismo como Antifraude, puede costarle ahora un disgusto. Llinares es el máximo responsable de dos informes de la Agencia Antifraude en los que cuestiona el proceso de adjudicación de las ITV y los Parques Eólicos. Se trata de dos periciales importantes para el futuro de la causa judicial porque hilarían los supuestos cohechos con el trato de favor a los empresarios.

La locuacidad de Llinares, sin embargo, pone en duda su imparcialidad. Así lo explica el expresidente de la Generalitat en uno de los últimos escritos presentados ante la jueza que instruye el caso Erial. La defensa de Zaplana sostiene que esas opiniones –expresadas incluso antes de que se conociera esta investigación– suponen «una exhibición reiterada y pública de su animadversión y prejuicios» hacia el político popular.

Esta circunstancia – «probada parcialidad», la define– le inhabilita «para el ejercicio de un cargo que exige plena independencia, inamovilidad y objetividad en el desarrollo de las funciones», según recoge la Ley 11/2016 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Pero, además, siempre según la tesis de la defensa del exministro de Trabajo, convierten a la Agencia en un órgano «absolutamente inidóneo para realizar una labor pericial o informe técnico mínimamente aséptico, objetivo e imparcial».

Zaplana insiste en que en ese escenario claramente adverso por los condicionantes personales de Llinares se hace todavía más necesaria la declaración de un grupo de altos cargos que conocieron el proceso de adjudicación de los dos proyectos bajo sospecha. En este sentido, destaca la presencia de José Manuel Vela, el que fuera conseller de Hacienda con el PP de Fabra. Ahora, será la jueza la que debe autorizar o rechazar estas propuestas tras el informe del ministerio fiscal. Anticorrupción sostiene que los empresarios beneficiados, los Cotino, pagaron millones de euros en comisiones. El expresidente las gestionó en el extranjero con la ayuda de testaferros. Zaplana siempre ha negado estas acusaciones. Todas las diligencias de investigación que ha propuesto le han sido rechazadas.