Madrid impulsa un modelo de desarrollo regional alternativo al del Botànic

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, siempre podrá decir que fue el que abrió el fuego de los barones socialistas contra su nueva homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El jefe del Consell, con la mano tendida decididamente hacia Quim Torra y completamente indiferente frente a otros nuevos gobiernos autonómicos de centro derecha como el andaluz, fue el primero en poner el grito en el cielo frente a la apuesta gubernamental de PP y Ciudadanos en la capital. La bajada de impuestos sirvió como espita, si bien se trata de la punta del iceberg de un modo opuesto de concebir la política pública y el desarrollo del territorio.

El modelo defendido por Díaz Ayuso en su investidura colisiona frontalmente con el diseñado por el Botánico. Son prácticamente antagónicos, lo que sitúa en posición de conflicto dos regiones muy conectadas. La relación de la actividad valenciana con la desarrollada en Madrid es intensa. El Puerto de Valencia es una entrada y salida preferente de la importación y exportación nacional, que en gran parte acaba o procede de la capital, de donde también llega un notable número de esos turistas que desde la Generalitat se estima como uno de los ejes de la política económica valenciana.

La convivencia se complica porque los electores de uno y otro lado han dado pie tras los comicios autonómicos a dos bloques de gobierno con concepciones socio-económicas contrarias. En el centro (PP y Cs con el apoyo de Vox) se gestiona apostando por la liberalidad, mientras que en la Comunitat (un Botànic del PSPV, Compromís y Podemos) el Consell se mueve hacia un modelo socializador. Las armas que ambos Ejecutivos emplean para llevar a cabo sus políticas son divergentes, tanto que Puig arremete contra la presidenta madrileña por considerar que sus medidas fiscales implican un 'efecto llamada' de quien prefiere no pagar tantos impuestos como los implementados en la Comunitat por el Consell del Botànic, que son los más altos para los contribuyentes con las mejores rentas en lo que respecta al IRPF. Y tampoco hace falta ser millonario para notarlo.

Un ejemplo son los diputados nacionales de la Comunitat, que desarrollan su actividad en Madrid pero que mantienen, en su mayoría, su domicilio fiscal aquí. «Si al cambio de los tramos, competencia nacional, se añade las diferencias entre los impuestos, mantener la residencia en la Comunitat upone contar, o no, con mucho dinero. Es un bocado importante. En mi caso, he renunciado a cambiarme el coche porque el pago a Hacienda, que lo he fraccionado, era prioritario», explica un diputado en el Congreso, quien apunta: «Tengo un amigo autónomo que trabaja a caballo entre Valencia y Madrid y la diferencia es tan grande que le merece la pena trasladar el domicilio fiscal allí». En este sentido, Díaz Ayuso anunció esta semana que pretende implantar una tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social durante dos años para los nuevos autónomos, así como incentivos de hasta 10.000 euros para quienes contraten a un trabajador y fomenten la conciliación.

Díaz Ayuso estima que la rebaja fiscal supondrá un ahorro de 300 millones al año para los madrileños. El cambio supone que, en los tipos mínimos y máximos en la escala del IRPF, la Comunitat (hasta un 48% y un 21,4%) y Madrid (hasta el 43% y el 18,5% si se aplica ese descenso de la presión sobre el contribuyente) se sitúan en los extremos.

Todas las diferencias en relación a dónde está el dinero (si en el bolsillo de los ciudadanos o en las arcas públicas) tienen relación, también, con otras discordancias en la gestión. Díaz Ayuso se compromete a que la enseñanza concertada seguirá desarrollándose en el Bachillerato y vincula esa apuesta a la libertad de las familias para elegir centro educativo. El modelo en la capital se inspira en una filosofía distinta a la que impera en la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà, en permanente litigio (en los juzgados) con los centros concertados. El Botànic limita el Bachillerato concertado a cubrir la demanda allí donde no haya oferta pública. En la renovación de conciertos de 2017, 21 colegios de la Comunitat (un centenar con el Bachillerato concertado) perdieron 47 aulas de esta etapa (de 1º y 2º). A diferencia de lo sucedido en otros niveles obligatorios y postobligatorios, no se han autorizado nuevas aulas concertadas de Bachillerato.

La colaboración público-privada en materia sanitaria está bajo sospecha en la Comunitat. Especialmente por parte de Compromís, aunque son los socialistas los que mantienen las competencias de esa conselleria. En la pasada legislatura decidieron prescindir de la gestión privada en el hospital de La Ribera, además de anunciar en repetidas ocasiones la reversión de La Marina, que se supone que llevarán a cabo de manera inmediata. El camino trazado desde el Consell es bien distinto al seguido en Madrid, donde la gestión mixta no pierde fuelle. Tanto en una región como en la otra, el objetivo es el mismo: adelgazar las listas de espera. El cambio de rumbo en la gestión de los centros no ha incidido positivamente en esa reducción.

Tanto la valenciana como la madrileña reclaman un cambio del modelo de financiación. Puig reivindica una mejora en el reparto y en ese aspecto coincide con Díaz Ayuso, que en su investidura aseguró que reivindicará un cambio en el sistema que «corrija los actuales desequilibrios que perjudican a Madrid», y que la nueva presidenta cifra en cerca de 1.000 millones anuales. No obstante, en el asunto de la financiación, sentirse infrafinanciados no es suficiente para sumar fuerzas. En la conferencia de presidentes autonómicos, los valencianos ya señalaron la necesidad de una «armonización fiscal» que Madrid rechaza. El viernes, Puig apuntó que tiene que haber corresponsabilidad fiscal: «Si puedes bajar impuestos, puedes recibir menos», señaló en referencia a los fondos para la financiación. «Si un Gobierno asume la irresponsabilidad de bajar impuestos tiene que tener consecuencias», apuntó el presidente de la Generalitat en relación al gobierno madrileño. El presidente socialista, hasta esta semana abanderado de un discurso en contra de las «elites centralizadoras», se erige ahora en defensor de la tutela del Estado, de tal modo que se centralicen algunos impuestos (como patrimonio, sucesiones y donaciones) y se retire la competencia autonómica en esa materia.