La magistrada que investiga a Zaplana en el caso Erial pide un juez de refuerzo

valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el caso Erial, en el que se encuentra imputado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ha solicitado que se le adscriba un juez de refuerzo.

Así lo indicó ayer el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, durante la rueda de prensa de presentación de la memoria anual y el balance sobre la actividad de los juzgados de Valencia correspondiente a 2018. Entre otros procedimientos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital valenciana instruye el conocido como caso Erial, en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano y por el que el expresidente de la Generalitat está imputado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción se puso en marcha hace tres años, según se supo cuando, el pasado mes de mayo de 2018, cuando Zaplana fue detenido y posteriormente encarcelado. Su permanencia en prisión a pesar de la leucemia que se diagnosticó al expresidente en 2015 se justificó, precisamente, por la necesidad de atar todos los cabos en relación al dinero que presuntamente se había desviado. El expresidente abandonó el régimen de prisión preventiva hace unas semanas, más de medio año después de haber ingresado en Picassent, y tras considerar la instrucción que ya se había logrado establecer el presunto entramado financiero internacional que justifica la instrucción. Sin embargo, la magistrada ha solicitado ahora el refuerzo.

El decano de los jueces de Valencia también recordó que cuentan con refuerzo los juzgados de Instrucción número 18 (encargado del caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, en el que se investiga un presunto delito de blanqueo y electoral del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia) y el número 21, que ha instruido el procedimiento contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente del 3 de julio de 2006 de Metrovalencia, que costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47.

No obstante, este tipo de peticiones choca, en ocasiones con resistencia. La solicitud de refuerzo del titular de Instrucción 18 se encontró con una negativa cuando cursó la reclamación, en la primera mitad de 2017. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat se tramitó la petición pero el Ministerio de Justicia la rechazó inicialmente por falta de presupuesto.