La mala gestión financiera abre un frente inesperado para Compromís

Desde el final de la legislatura pasada, el grupo parlamentario Compromís mantiene un conflicto con las auditorías que le hace Les Corts. La exigencia de ofrecer transparencia en el gasto de las subvenciones parlamentarias se ha traducido en repetidos informes que llegan a la Mesa de Les Corts en los que se reclama al grupo la devolución de hasta 140.000 euros por gastos no justificados, una cantidad en la que se incluyó incluso una observación sobre una financiación irregular por realizar dos préstamos al partido en la víspera de las elecciones autonómicas y nacionales de 2023.

obstante, la mala gestión y la disparidad de criterio con los interventores públicos de la Cámara se arrastraba de tiempo atrás. Precisamente, también en el parlamento se produjo el despido de una serie de asesores que amenazaron con llevar al grupo ante la justicia.

Finalmente, fue una de esas asesoras, que además había sido un destacado miembro del comité organizador del congreso del Bloc en 2021, la que acabó llevando a juicio a Compromís por despedirla de manera tan inadecuada (por correo electrónico y sin causa justificada) que una sentencia le ha dado la razón y ha acabado instando al grupo parlamentario a incrementar hasta en un 40% la indemnización por despido que se le había pagado.

El PP, por su parte, anunció ayer que va a solicitar a la Agencia Antifraude (AVAF) la documentación del expediente que pide la devolución de 140.000 euros a exaltos cargos de Compromís durante la etapa del Consell del Botànic.

Actualmente, Antifraude está dirigida por Eduardo Beut, ex delegado de la Agencia Tributaria y una persona próxima al PP que ya ocupó cargos de relevancia cuando Eduardo Zaplana presidía la Generalitat. Precisamente, la elección de Beut fue abiertamente criticada por Compromís, que ahora ha comprobado cómo sale a la luz ahora una investigación de la AVAF contra sus dirigentes en la etapa de la izquierda al frente de la Generalitat.

«Pediremos a la Agencia Valenciana Antifraude poder ver la documentación del informe en el que se señala que tres cargos cobraron durante años de forma indebida esa cantidad por el plus de residencia y deberán devolverlo», indicó ayer la síndica adjunta de los populares en el parlamento valenciano, Laura Chulià.

La portavoz y ex alcaldesa de Benetússer explicó que «queremos conocer ese expediente para exigir responsabilidades, sin descartar ninguna opción, a quienes, según parece, percibieron de manera irregular el complemento salarial de residencia sin, en realidad, haber cambiado de vivienda mientras utilizaban el coche oficial diariamente para ir y venir a su municipio».

Chulià indicó que, casualmente (si es que en política existe la casualidad) «el próximo viernes está prevista en la Comisión de Economía la comparecencia del director de la AVAF para, entre otras cuestiones, dar cuenta de los primeros expedientes resueltos desde su llegada la Agencia. Aprovecharemos».