![Caso Pitufeo del PP | La mano derecha de Barberá](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202109/21/media/cortadas/Fuster%20y%20Corbin-RfFKVgazsmrbHAlO88utxxI-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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La detención y el traslado de Mari Carmen García Fuster se convirtió en una de las imágenes del caso Taula. Supuso, además, otro golpe en el círculo más próximo a la alcaldesa. El abogado de Fuster es José María Corbín, cuñado de ... Barberá porque está casado con Asunción Barberà, hermana de la que fuera primera edil. Fue en su momento jefa de gabinete de la alcaldesa. Pero nunca se ha visto salpicada por esta turbia historia del blanqueo.
El papel de García-Fuster resulta capital en todo el relato de la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público le atribuye el control de la caja B de la formación una vez Alfonso Grau dejó el Ayuntamiento. La responsable siempre ha negado el supuesto blanqueo y que ella dispusiera de un 'remanente' de las cuentas paralelas a la contabilidad oficial, de esos 50.000 euros que se quedaron 'colgando' de otras elecciones. Los testigos de la causa y una arrepentida sostienen lo contrario. Ella era la que iba a reintegrar las cantidades.
Barberá tuvo tres pilares en su carrera. Un vértice lo ocupaba el concejal Alfonso Grau, como responsable de los grandes proyectos; el otro era Mari Carmen García-Fuster, en labores de campaña; y el último, desde fuera del Consistorio, era para José María Corbín. Todos apuntaban al marido de Asunción Barberá como el peaje que había que pagar para poder trabajar con el Ayuntamiento. De hecho, la operación Azud, que terminó con la detención del letrado confirmó los indicios de criminalidad que existían contra el abogado. De los tres puntales anteriores, ninguno ha tenido un final plácido. Grau está ahora mismo en prisión y los otros dos, investigados.
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García-Fuster, lejos de adoptar una actitud pasiva en los primeros compases de la instrucción, apuntó a otras instancias, aunque sin nombrarlas. Así, en su momento, declaró que existía un misterioso recaudador que reunía el dinero de militantes y simpatizantes del PP y que ella ingresaba posteriormente en una cuenta del partido. Ni entonces ni ahora se ha desvelado el nombre. Sin embargo, los investigadores no dudan de quién se escondía tras esa insinuación de la responsable.
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El PP no tardó en darle la espalda a García-Fuster y, en realidad, a todos los investigados en esta pieza del pitufeo. Establecieron un cordón sanitario en torno al PP de Valencia que no se levantó hasta la llegada de María José Catalá. Génova subrayó que desconocía que se hicieran pagos al margen del Tribunal de Cuentas. Meses más tarde, en otro sumario de corrupción, apareció una documentación donde desde la propia dirección general se alentaba a la hora de camuflar gastos electorales.
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