La asesora de Dalmau deja su cargo tras detallar el juez las irregularidades del mapa escolar

La exconcejala de Educación del Ayuntamiento de València por Valencia en Comú María Oliver presentó este lunes su renuncia como asesora de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau para «dedicarse plenamente a demostrar su inocencia». El pasado viernes fue procesada por un convenio suscrito entre la administración local y la Universitat de València (UV) con el objetivo de estudiar el sistema educativo en la capital valenciana.

Oliver tomó esta decisión después de que el juez dictara el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Esta denuncia parte del asesor del PP en el consistorio Luis Salom, uno de los escasos asuntos impulsados por el responsable que ha tenido recorrido judicial.

Oliver trasladó su renuncia al vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, que aceptó esta decisión. El vicepresidente expresó su «confianza en la Justicia y confianza en la inocencia de María Oliver por los hechos objeto de la denuncia».

Dalmau ya había perdido la confianza en su subordinada a raíz del avance de la investigación judicial. El pasado sábado, sin embargo, cuando fue preguntado acerca del futuro inmediato de Oliver trató de ganar tiempo. «Tendré que informarme, ver los documentos y conocer cuál es la decisión del juez. No me puedo guiar por informaciones periodísticas y tendré que ver cuál es realmente la parte jurídica que hay detrás», indicó. «La decisión de mantenerla, o no, se tomará cuando se estudie», añadió Dalmau. Al menos de cara a la opinión pública perdió una oportunidad de tomar la iniciativa en un asunto de este tipo, muy sensible, y fijar por él mismo la línea roja de su departamento ante situaciones de esta naturaleza.

El nombramiento de Oliver como asesora de Asuntos Generales de Miembros del Consell se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 29 de julio pese a que la edil estaba ya investigada por el juzgado. Pero entonces se esperó a ver de qué forma evolucionaban los indicios incriminatorios contra la que fuera líder de Valencia en Comú.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, insistió ayer a Ribó para que dé instrucciones inmediatas para que la delegación de Educación, ahora en manos del PSPV, inicie el expediente oportuno y se exija la devolución del dinero público que el Ayuntamiento ha transferido. Catalá anunció que en la próxima comisión el PP presentará una moción para pedir el reintegro del dinero. De igual modo, solicitó al alcalde que «no rehuya más y se persone en este caso. Le pedimos que dé un paso al frente y se persone para averiguar si el dinero de todos los vecinos de Valencia se ha abonado irregularmente». Estos procesos judiciales dejan en evidencia «la negligente gestión en el Ayuntamiento y, sobre todo, la doble vara de medir de la izquierda».

El auto del juzgado deja muy cerca del banquillo a la exedil, pero también al profesor de la Universitat, José Manuel Rodríguez. De hecho, la resolución judicial incorpora numerosas irregularidades en la actuación del docente. Los hechos más graves acontecen durante la ejecución del convenio, como que «los becarios del Ayuntamiento» trabajaran en el marco de este acuerdo o la subcontratación de la firma Godoy y Asociados «sin que exista ninguna base que legitime» esta externalización.

Además, destaca toda la irregular práctica de la justificación de los gastos ante el Ayuntamiento de Valencia. Y como esos fondos, transferidos como pago de las horas a profesores, se utilizaban para otras adquisiciones. Un informe de la Intervención ya dictaminó que ciertos gastos no eran subvencionables. Entre ellos, un ordenador portátil, cámaras fotográficas, una mesa, grabadora y un iPad. Al margen de esos desembolsos existe toda una serie de gastos que el juez también censura en el documento.