La exposición del artista Antoni Miró en la Marina de Valencia no dejó indiferente a nadie. Las esculturas con un marcado contenido sexual a ojos de cualquier ciudadano llegaron cargadas de polémica, la misma que envolvió a la muestra en el interior de La Base, el nuevo espacio cultural ubicado en el que fuera el cuartel general del Alinghi, con cuadros con un marcado mensaje a favor del soberanismo catalán y en contra de la Policía y la Guardia Civil. La exposición del artista alcoyano fue el último servicio que realizó José Manuel Orengo como asesor de Presidencia para el jefe del Consell, Ximo Puig. La muestra, al margen de por su contenido y por el gasto, fue un punto de fricción entre el PSPV y Compromís. De la formación de Mónica Oltra no acudió nadie a la inauguración de la exposición, dolidos al considerar que desde el Palau se habían invadido las competencias de Cultura, un territorio acotado a la gestión del conseller Vicent Marzà.
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El día de la inauguración, los responsables aseguraron que el gasto total de la exposición ascendía a 110.000 euros, aunque semanas después fuentes relacionadas con la muestra rebajaron la cantidad hasta los 95.000 euros. Con los papeles en la mano, que no son otros que el listado de contratos menores de la Marina de Valencia, el gasto exacto es de 87.008,53 euros repartidos en 36 contratos menores -aquellos que no necesitan ningún concurso para ser adjudicados-.
El comisario de la exposición fue Fernando Castro Flórez, que mostró su sorpresa por la polémica que generaron las esculturas: «Parece que preocupa más el erotismo que la corrupción o el terrorismo». El comisario, según el listado de contratos menores de la Marina, cobró 9.680 euros por su trabajo.
La obra incluyó también la creación de «Antoni Miró, pintura musicada», un proyecto supervisado por la cooperativa Neu al carrer, que gestiona la comunicación de varios artistas de la Comunitat Valenciana. Neu al carrer, con sede en Xàtiva, recibió cuatro contratos menores por valor de 9.794 euros. La cooperativa se encargo de la edición, elaboración y gestión del catálogo musical, compuso una canción, además de actuar y preparar el concierto de la presentación del proyecto sobre Antoni Miró.
Para la composición se contrató a varios cantantes, que cobraron todos la misma cantidad, 907 euros, por cada obra compuesta y registrada. Pau Alabajos, Borja Penalba, Miquel Gil, Cesk Freixas, Xavi Sarrià y otros como Feliu Ventura, Mara Aranda, Júlia y Mireia Vives participaron de la composición. Feliu Ventura, que está muy vinculado a la cooperativa Neu al carrer, lideró el proyecto de unir la música con la obra de Antoni Miró.
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Además, el 2 de diciembre se celebró un concierto en la Marina para presentar la obra. Un recital en el que participaron varios artistas y cada uno cobró cantidades diferentes.
Entre los contratos también se incluye la cartelería para su inclusión en el mobiliario urbano. Una tarea que recayó en la imprenta de Alejandro Barber por 1.783 euros. La empresa, radicada en Real de Gandia, ha recibido varios contratos menores del Ayuntamiento de Gandia, municipio en el que trabajó durante mucho tiempo el director general del Consorcio de la Marina, Vicent Lloréns, persona muy ligada a José Manuel Orengo, último responsable de la exposición de Miró en Valencia.
La empresa Gunernes, que realizó actividades didácticas relacionadas con la exposición del artista alcoyano, recibió un contrato menor de 18.137,90 euros, casi la misma cantidad que hubo que pagar a una empresa para que se encargara de velar por la seguridad de las obras. La impresión y encuadernación de dos mil libros de 'La pintura musicada, Antoni Miró' costó más de 3.300 euros. Otro de los grandes contratos menores fue con Actura 12 por valor de 12.000 euros. Esta es una firma radicada en Barcelona que generalmente da cobertura social y de contratos a aquellos cantantes que no son autónomos.
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Al margen del contenido de la exposición, una de las grandes polémicas se centró en el gasto generado. A finales de diciembre, el Consell aprobó la publicación de un convenio con el Consorcio Valencia 2007 para aportar 50.000 euros como subvención excepcional para pagar parte de la muestra de Miró. Un pago justificado en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones que permite este tipo de aportaciones de forma directa «con carácter excepcional» por acreditarse razones de interés público, social, económico o humanitario. El dinero salió de una partida de la conselleria de Presidencia.
Antoni Miró no cobró por la exposición, aunque hay una segunda parte que se encuentra en la decisión del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, de comprar cuadros del pintor relacionados con el Tribunal de las Aguas. Transparencia impulsó antes de verano una exposición de Miró en las Atarazanas del Puerto de Valencia.
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