Sólo Vicent Marzà y Ana Barceló tienen asegurada su continuidad en el Consell tras 2019

PSPV y Compromís se han conjurado para aguantar con la configuración del Consell con la que se inició la legislatura hasta 2019. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya reseñó que esa perdurabilidad de los consellers es histórica. En un tiempo de récords para titulares cortos, conservar la formación inicial del Gobierno valenciano se ha convertido en algo positivo. Sin embargo, esa longevidad en la legislatura no tiene visos de prolongarse más allá de las próximas elecciones. Sólo dos de los ocho consellers que actualmente flanquean a Puig y a Mónica Oltra tienen asegurada su continuidad si gana de nuevo el Botánico. De tal modo que lo que será bueno en mayo de 2019 no lo sería en julio, dos meses después.

El Ejecutivo autonómico está compuesto actualmente por diez personas: el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra, los consellers de Hacienda (Vicent Soler), Educación (Vicent Marzà), Justicia (Gabriela Bravo), Sanidad (Ana Barceló), Economía (Rafael Climent), Agricultura (Elena Cebrián), Obras Públicas (María José Salvador) y Transparencia (Manuel Alcaraz). De este gabinete, cinco fueron propuestos por el PSPV (además del propio Puig, los consellers Soler, Bravo, Barceló y Salvador) y otros tantos por Compromís (junto a Oltra, Marzà, Climent, Alcaraz y Cebrián). La continuidad de los dos cabezas de cartel electoral en las autonómicas se da por hecha. Falta saber si Puig mantendrá la jefatura del Consell, pero en cualquier caso, tanto el líder del PSPV como la de Compromís parecen abocados a mantenerse en el Gobierno valenciano si la situación no sufre un vuelco electoral sobresaliente y, en función de las encuestas, inesperado. ¿Y sus ocho consellers? Cuatro de ellos apenas tienen posibilidades de mantenerse y otras dos parece poco probable, mientras que el par restante dan la sensación de ser una apuesta segura de PSPV y Compromís, tanto por el modo en que han gestionado sus carteras como por sus asideros internos dentro de los dos partidos que han liderado el Ejecutivo.

Dos con el espacio prácticamente asegurado en un nuevo Consell son Marzà y Barceló. El responsable de Educación, Vicent Marzà, se ha convertido en un icono para el Compromís. Especialmente para el Bloc, partido mayoritario de la coalición. De ratificarse esa continuidad, el Bloc mantendría a su pieza más relevante en el Consell, pues Oltra, que lidera Iniciativa del Poble Valencià, representa el ala más izquierdista de Compromís. El conseller de Educación simboliza el 'alma' más nacionalista. Marzà ha ejecutado la hoja de ruta de la coalición sin salirse del guión previsto ni un ápice: una conselleria con un profundo cariz ideológico que ha potenciado el papel de lo público incluso por encima de lo que los juzgados consideraron legal, y con los colegios concertados siempre bajo sospecha.

La otra consellera que tiene todas las papeletas de mantenerse en el equipo del Ejecutivo autonómico si el Botánico se mantiene al frente de la Generalitat es la socialista Ana Barceló. La consellera de Sanidad es una especie de comodín para el PSPV. Desde la dirección de los socialistas valencianos se admira su solvencia. Sin ser un sobresaliente, Barceló suele mantener un notable sin aparente esfuerzo. Suplió la fulgurante salida de Carmen Montón hacia el Gobierno de Pedro Sánchez sin que su interinidad haya trastocado demasiado la situación en la conselleria que mueve el mayor presupuesto del Ejecutivo valenciano. No obstante, algunas fuentes señalan que su formación como abogada podría permitirle ocupar otra cartera, por ejemplo la de Justicia. Precisamente, al frente de la conselleria con las competencias de los juzgados de la Comunitat, así como de todo lo referente a la Administración Pública, está Gabriela Bravo, que junto a Elena Cebrián no da la sensación de que pueda continuar en el Consell a partir de 2019.

En el caso de Bravo, no son tanto cuestiones políticas ni de gestión (si bien es cierto que su enfrentamiento con Compromís en todo lo relacionado con la nueva Ley de Función Pública ha sido muy evidente) sino personales. La actual consellera de Justicia conserva intacto su prestigio como jurista, lo que podría permitirle optar a algún puesto de relevancia en la judicatura a nivel nacional. Esa capacidad para encontrar un notable destino en Madrid, unido a cuestiones de carácter no político, le dejan muy poco margen para participar en un futuro Consell a partir de 2019. También cuenta con escasas papeletas para mantenerse en el Gobierno valenciano la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, que fue propuesta para el puesto por Compromís. Sin embargo, Cebrián ha terminado trabajando con mucha mayor comodidad junto a los altos cargos del PSPV en su conselleria, mientras que con el personal de confianza procedente, principalmente, de Els Verds ha mantenido serias diferencias. Tan serias, que el que fuera secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, fue cesado fulminantemente. Cebrián se incorporó al Consell con un supuesto perfil bajo que, en los despachos, se ha elevado a través de un criterio propio que ha ido consolidándose gracias al apoyo del PSPV, lo cual en Compromís se contempla con recelo. Cebrián es la consellera que ha recibido más rectificaciones de sus políticas a través de mociones subsiguientes en Les Corts, un recurso parlamentario equivalente a una reprobación, pues se trata de una votación respecto a una serie de actuaciones concretas de la conselleria, que han recibido votos de castigo mayoritario hasta en trece ocasiones en lo que va de legislatura. Reprobaciones en toda regla.

Cuatro consellers tienen casi descartada su continuidad. Si bien los motivos en cada caso son bien diferentes. Vicent Soler, catedrático y político experto (ya fue conseller con Joan Lerma) llegó a la Conselleria de Hacienda de la mano de los socialistas con el fin de forzar al Gobierno central a negociar el sistema de financiación, un asunto que el Consell convirtió en el eje de su discurso. Sin embargo, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, ese debate se ha «ralentizado», según reconoció la pasada semana el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Soler, que cumplirá 70 años poco después de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, parece haber cumplido un ciclo político al frente de una conselleria muy complicada, por tratarse del epicentro de las tensiones entre PSPV y Compromís a causa del reparto del dinero con el que cuenta la Generalitat.

Rafael Climent quedó situado en el disparadero desde prácticamente el arranque de la legislatura. La oposición lo señaló como el eslabón más débil de la cadena de mando autonómica y no dudó en someterle a una dura fiscalización. La Conselleria de Economía no ha cubierto las expectativas generadas tanto en el seno de los partidos que integran el Gobierno valenciano como de los socios podemistas, muy insatisfechos por la lentitud de un departamento que, además, ha sufrido el solapamiento de competencias tanto con Hacienda como a causa de la creación de una agencia, la de Innovación, que convive casi en duplicidad con el IVACE. Asuntos como el de los horarios comerciales socavaron al inicio de la legislatura la credibilidad de Climent, que tuvo muchos problemas para solucionar aquel asunto, así como para lograr un buen ritmo de ejecución de sus propias partidas presupuestarias. Tanto en el PSPV como en Compromís miran con preocupación la marcha de esa conselleria.

En el caso de María José Salvador, consellera de Obras Públicas, Vivienda y Territorio, su complicidad con importantes miembros del Ejecutivo valenciano no ha sido la más adecuada. Fuentes socialistas indican que la relación entre Salvador y el presidente Ximo Puig ha sido, en algún momento, difícil, y esa falta de sintonía impediría a la consellera mantenerse en el Gobierno autonómico. Por su parte, Manuel Alcaraz, parece tener la decisión tomada de no continuar. Profesor de la Universidad de Alicante, el conseller de Transparencia considera que ha cumplido su ciclo político, según fuentes de Compromís. La pervivencia de esta conselleria, puesta en marcha por expreso deseo de la coalición nacionalista pero con un presupuesto muy escaso, tampoco está asegurada.