La conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà ha decidido conceder subvenciones por valor de 209.177 euros a las productoras encabezadas por Francis Puig y los Adell Bover, las mismas firmas que fueron sancionadas por la comisión de defensa de la competencia de la conselleria de Economía por pactar precios en un concurso público de À Punt para designar varias corresponsalías.
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Las ayudas aparecen publicadas en el DOGV y ascienden en su conjunto a 2.850.000 euros. Comunicacions dels Ports, la productora de referencia del hermano de Ximo Puig y que la exesposa de uno de los hermanos Adell Bover definió como el cabecilla de la trama, obtiene tres ayudas distintas: una de 21.848 euros, otra de 59.500 euros y una tercera de 6.263 euros.
En total, 87.611 euros para la firma de referencia de Francis Puig, a los que hay que sumar otros 23.550 euros para Mas Mut, la otra productora del hermano del líder socialista y radicada en la provincia de Teruel, que de esta forma se lleva un total de 111.161 euros.
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Por su parte, TV Cs Retransmisiones, la firma que los Adell Bover compraron en agosto de 2019 para salvar las sospechas que recaían sobre Canal Maestrat y Kriol, recibe tres ayudas de 45.000 euros, 28.016 euros y 25.000 euros. Es decir, de un total de 98.016 euros.
En la resolución que firma el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, figuran otras dos subvenciones que no se han concedido a Canal Maestrat.
En el texto publicado hoy en el DOGV, aunque la resolución tiene fecha del pasado 14 de diciembre se especifica que las ayudas son para el fomento del valenciano en medios de comunicación y publicaciones privadas y agencias de noticias.
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El PP presentó una denuncia por la justificación por parte de Francis Puig de una de las ayudas de ejercicios anteriores y la forma de proceder del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. El cargo de Compromís fue procesado aunque finalmente resultó absuelto.
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El cartel de las productoras fue sancionado con 43.000 euros por parte de la Comisión de la Competencia de la Generalitat tras pactar precios en un concurso público de À Punt para repartirse varios lotes de corresponsalías de televisión en varias comarcas de la Comunitat Valenciana.
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Incluso hay una petición a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que estas firmas no puedan optar más a concursos públicos, una consulta que sigue sin resolverse más de un año después de que se impusiera la sanción por parte del órgano que depende de la conselleria de Hacienda.
Las ayudas que recibe el cártel de las productoras de la Generalitat se suman a las que perciben también de otras administraciones de Cataluña y Aragón. Especialmente Francis Puig, al que el PP acusa de utilizar una misma factura para justificar las aportaciones económicas que ingresa de varios territorios para fomentar el valenciano y el catalán.
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