Marzà desacredita ante el TSJCV el informe del Consell crítico con la Oficina Lingüística

La Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzá ha remitido un escrito a la Sala Contencioso Administrativa del TSJCV a cuenta del recurso del PP contra el decreto de funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), un órgano desde el que se tutela el uso de las lenguas en la Comunitat incluso en el ámbito privado. El escrito, firmado por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se dirige a la sala para informarle de que en el expediente que la propia Generalitat remitió al juzgado se incluye un informe de Presidencia, muy crítico con la ODL, que, según Educación, no debería haberse incorporado. Según fuentes judiciales, el departamento de Marzà intenta, de este modo, que el TSJCV no tenga en cuenta un documento que coincidía con el criterio desfavorable del Consell Jurídic Consultiu ante la puesta en marcha de esa oficina.

«Consta en el expediente remitido un borrador de informe con el membrete de la Subsecretaría de Presidencia que ni está firmado ni tuvo entrada en este departamento (Conselleria de Educación) por el procedimiento establecido. Este documento no debería de haberse enviado a la sala porque no es un documento que forme parte del expediente administrativo y, por tanto, no se ha tenido en cuenta en ningún momento de la tramitación del proyecto de decreto al tratarse, precisamente, de un borrador sin firma», señala Trenzano en el escrito remitido al TSJCV con fecha de 28 de septiembre de este año.

El PP recurrió el año pasado ante el Alto Tribunal para que dictamine si con la Oficina «se están vulnerando los derechos personales y el ordenamiento jurídico». El Consell y el sindicato más próximo a Compromís, Intersindical, litigaron para que los populares no pudieran apelar, pero el TSJCV desestimó esa petición. La portavoz de Justicia del PP, María José Ferrer San-Segundo, aseguró tras interponer el recurso de los populares que es «muy grave» que esa oficina «pueda actuar también en las relaciones de ámbito privado». La diputada especificó que ese podrá denunciar a particulares «cuando alguien considere que se han vulnerado sus derechos lingüísticos. Abarcando ámbitos como los comercios, los despachos, las oficinas, en la propia casa de uno...». El informe elaborado desde Presidencia de la Generalitat contiene nueve observaciones de calado hacia el proyecto inicial. Entre ellas, en la que más se extiende la Subsecretaría del departamento que depende directamente del presidente Ximo Puig es donde advierte de que se presume que los organismo y personas denunciadas han vulnerado los derechos, sin presunción de inocencia, si no al contrario.

San-Segundo explicó, cuando informó del recurso, que «es cierto que lo intentan maquillar diciendo que solo se puede abrir un expediente informativo», pero consideró que eso «solo es de momento» porque hay trazada una hoja de ruta. San Segundo aclaró que se crea un organismo encargado de abrir expedientes «sin ninguna garantía jurídica» y sin que el denunciado pueda defenderse. Emitirá una resolución administrativa que señalará la vulneración de los derechos lingüísticos y los expedientes con sus resoluciones se inscribirán en un registro. Para San-Segundo, «es reprobatorio», es «estigmatizar a los valencianos y provocar la confrontación», con lo que el Consell «sigue la hoja de ruta de Cataluña». La portavoz popular añadió que «este decreto es un corta y pega de la oficina de garantías lingüísticas de Cataluña», entidad que ha interpuesto multas a comercios y que no ha servido para fomentar la convivencia pacífica de lenguas «sino la confrontación y la fractura social».