Mata, sobre el recurso del fiscal en el caso Alquería: «Reitera su cansina teoría de lo que es la política»

Manolo Mata, exsíndic del PSPV y abogado de uno de los acusados absueltos en el caso Alqueria, ha estallado contra el fiscal del caso tras recurrir este la sentencia absolutoria y reclamar la repetición del juicio. Se trata del primer letrado que reclama a la Sala que no acepte el «extravagante» escrito de la acusación pública. En su opinión, recuerda que lo que debería hacer el fiscal es contraponer lo que resuelve la «sentencia con la prueba efectivamente practicada», una premisa que no figura en el escrito.

La defensa considera que el fiscal -con quien ha mantenido duros reproches durante la fase final de la instrucción- «huye de la valoración de los centenares de documentos, de las decenas de testificales y peritos». En su criterio, lo que ocurre no es más que una reiteración «cansina» de sus teorías sobre lo que es la política, la gestión de los recursos públicos o la determinación de leyes aplicables en el ámbito administrativo, erróneamente interpretadas«.

En definitiva, considera Mata que el fiscal deliberadamente omite un análisis exhaustivo del fallo y las conclusiones y recurre a diligencias practicadas durante la instrucción como vía para que los magistrados del TSJ revoquen el fallo del tribunal.

El letrado considera que de esta forma no puede ejercitar su derecho de fensa porque no puede combatir -porque no existen- «ni una sola justificación la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento de las máximas de la experiencia o la omisión de todo razonamiento». Todo, según Mata, «son teorías con voracidad acusatoria».

El fiscal, que presenta su recurso ante el TSJ valenciano, citó un apartado de la sentencia en el que se reconoce que las personas con contratos de alta dirección «no ejercían funciones de alta dirección» y que, en cambio, constituían un «mero artificio para dicha contratación». En el escrito se rebate, por ejemplo, el planteamiento contenido en la sentencia de que se dotó a Imelsa de una nueva estructura y luego se buscaron a las personas para que llevaran a cabo ese desempeño. El fiscal sostiene que fue justo al revés: «Se contrataron a las personas elegidas por los políticos adscritos a los partidos que gobernaban la Diputación y posteriormente (…) se explicó la estructura que pretendían implementar». «Fue una decisión política», se señala en otro momento.

El caso Alquería le costó la dimisión al alcalde de Ontinyent y en 2018 presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido junto a algunos de sus colaboradores más cercanos en una llamativa operación policial. La Audiencia de Valencia decidió, justo tras las elecciones del 28-M, absolver a todos los acusados. Rodríguez negocia ahora con PP y PSPV a qué partido apoya para dar la mayoría en la corporación provincial.

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