La mayoría del sector público valenciano desoye las advertencias de la Sindicatura de Comptes

Las recomendaciones por parte de la Sindicatura tienen su continuación en muchas ocasiones en los informes de auditoría que se publican junto a la cuenta general, que denuncian las irregularidades que se observan en todas las partes de la administración valenciana. La lupa, tanto la del Síndic como la de los auditores, se pone sobre todo en la contratación, especialmente con los de tipo menor, y en la incorporación de personal.

En el informe de 2023, que se refiere al ejercicio anterior, hay 13 entidades sobre las que pesaba una serie de recomendaciones. Dos de ellas, la del Aeropuerto de Castellón y Circuito del Motor, ni siquiera han contestado a las recomendaciones del Síndic, según consta en el último informe. El resto, aunque hayan incumplido algunas de las peticiones, sí que han respondido a los requerimientos.

El Instituto Valenciano de Finanzas, de las 14 recomendaciones que pesan sobre él, no ha aplicado la mitad y cuatro más no han sido verificadas, es decir que falta alguna prueba adicional para validarlas.

La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól es otro de los organismos que no aplica ni una sola de las recomendaciones que el Síndic le ha aconsejado en los últimos ejercicios. De la misma manera que la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que gestiona la radio y la televisión pública de la Comunitat, reparte entre no aplicada y no verificada las 13 peticiones del órgano fiscalizador. Esta entidad , entre otras cosas, no dispone de un registro de entrada de facturas, lo que dificulta verificar la labor de los proveedores. El ente da una explicación por la que apunta las facturas sí están datadas, algo que no ha podido verificar la Sindicatura de Comptes «con una prueba adicional». La Sociedad Anónima de Medios de Comunicación también se reparte sus 11 peticiones sin responder.

La Agencia Valenciana de la Innovación tampoco ha cumplido, al igual que Vaersa, que en la mayoría de sus recomendaciones se lee entre no aplicada y no verificada. Esta última empresa es la que presenta más asuntos sin resolver con un total de veinte recomendaciones solicitadas por la Sindicatura.

En la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque la mayoría de las medidas tomadas no están verificadas, sí que se ha podido ver algo de luz al menos en el apartado de la contratación menor. El Síndic pidió que actuara con más rigor en este apartado y que se limitaran los accesos a los procedimientos de urgencia.

Cacsa, y cuenta con la aprobación del Síndic, puso en marcha las medidas oportunas para que la contratación menor pasara de ser el 9% en 2017 al 1% en 2022, por lo que sí que atendió la recomendación.

El Consell de Carlos Mazón, que ha convocado para hoy una rueda de prensa para hablar del sector público, quiere organizar un apartado de la gestión pública que en los últimos años, con los gobierno del Botánico al mando. De hecho, durante el mandato de Ximo Puig se disparó un 47% el gasto de personal en el sector público. Además, se contrató a 4.000 personas al margen de los presupuestos. Incluso Mazón reveló pagos a cuentas donde el titular no se conoce.