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Carlos Mazón tomó posesión como president de la Generalitat el 17 de julio de 2023. Dos días después, el 19 de julio, hacía pública la composición de su Gobierno, después del pacto alcanzado con Vox que propició su investidura como jefe del Consell. Un Gobierno ... de diez carteras, con siete para los populares y tres para la formación de Santiago Abascal. El acuerdo, ya lo saben, saltó por los aires hace pocas fechas, cuando el líder de Vox, acosado por la presión del partido de Alvise Pérez, decidió romper los pactos autonómicos con los populares.
Ese es el resumen rápido. Por medio, las primeras decisiones, la reforma fiscal, la supresión o derogación de leyes ideológicas, el fin de la tasa turística... y claro está, los nombramientos de altos cargos. Subsecretarios, secretarios autonómicos y directores generales de las consellerias -nueve tras la ruptura de Vox- que figuran en los organigramas de las distintas consellerias (otra cosa son las empresas públicas).
Los que figuran, y los que no. Porque transcurrido el primer año de la legislatura, el Consell de Carlos Mazón mantiene un total de cuatro direcciones generales pendientes de nombramiento.
Se trata de la dirección general de 'Coordinación de la acción de Gobierno', en presidencia de la Generalitat: la de Infraestructuras sociosanitarias en la vicepresidencia primeria y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda: la de Interior en la conselleria de Justicie e Interior; y la de Industria y Cadena Agroalimentaria en la conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Las cuatro direcciones generales permanecen vacantes. Tres de ellas, en concreto, no han llegado a tener ningún responsable al frente en todo lo que va de año. La dirección general de Coordinación de la acción de Gobierno depende de la secretaria autonómica de Presidencia que dirige Cayetano García. De esa responsabilidad 'cuelgan' la oficina del secretariado del Consell, la de apoyo a la portavoz, la subdirección general de seguimiento de la acción del Gobierno y la de apoyo a la acción del Gobierno.
Entre sus funciones figuran el establecimiento de las directrices generales de la acción del Consell, la preparación y seguimiento del Plan Normativo de la Generalitat y coordinación de su evaluación y la coordinación de la ejecución de los acuerdos del Consell, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder en esta materia a otros departamentos del Consell.
También está vacante la dirección general de Infraestructuras Sociosanitarias, encargada de coordinar y supervisar la actuación del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, diseñar y ejecutar el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales y garantizar la adecuación permanente de los centros y servicios a las determinaciones establecidas por la normativa e impulsar la mejora de sus condiciones de accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad, eficiencia y calidad en la prestación de servicios, entre otras funciones.
Otra que está vacante es la dirección general de Interior, aunque ese cargo sí que estuvo ocupado por Arturo Alepuz mientras la conselleria estuvo dirigida por Elisa Núñez (Vox). Entre sus funciones, la de emitir informe sobre el cumplimiento de las condiciones generales técnicas exigidas en los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, verificar el cumplimiento de las condiciones generales técnicas de los establecimientos en los supuestos de realización ocasional de actividades no contempladas en su título habilitante, y elaborar la orden anual de fijación de horarios de locales y establecimientos y gestionar y tramitar las resoluciones de reducción o ampliación del horario de cierre.
El DOGV de este miércoles publica precisamente una resolución del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, por la que revoca la «delegación del ejercicio de determinadas competencias -relacionadas con la imposición de sanciones- en el director general de Interior» que dictó el pasado mes de noviembre su antecesor en el cargo, Javier Montero.
La última dirección general vacante en la actualidad en el Gobierno valenciano es la de Industria y Cadena Agroalimentaria, de la que depende el Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana. Entre sus funciones, las relacionadas con la seguridad en las instalaciones de la industria alimentaria y el desarrollo de políticas que impulsen y modernicen las infraestructuras de la cadena agroalimentaria y el funcionamiento eficiente y sostenible de la cadena agroalimentaria así como el control de la calidad agroalimentaria.
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