Mazón prepara cambios en el segundo escalón del Consell para después de las europeas

Los cambios, señalan fuentes del Palau de la Generalitat, no se producirán hasta la segunda quincena del mes de junio o la primera de julio. En todo caso, después de las elecciones europeas del 9-J. Una crisis que llegaría prácticamente cuando se cumpla un año desde la toma de posesión del líder popular como president de la Generalitat, tras su victoria en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y su posterior acuerdo de gobierno con Vox.

Las mismas fuentes descartan, a día de hoy, que esos movimientos puedan afectar a los consellers del Gobierno valenciano, aún a pesar de que la gestión de algunos de ellos se haya visto señalada en los últimos meses, bien por polémicas puntuales o bien por dificultades para sacar adelante los objetivos que llevaron a su designación. La crisis del Consell afectaría «a segundos y terceros escalones», y estaría vinculadas a asuntos «de gestión».

Los movimientos en el Consell de Mazón también podrían afectar a las áreas de Vox -la vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte que dirige Vicente Barrera, la de Justicia e Interior en manos de Elisa Núñez y la de Agricultura, Ganadería y Pesca que tiene al frente a José Luis Aguirre-.

Las fuentes consultadas por este diario revelan que la formación que lidera Santiago Abascal «prepara cosas» para después de las elecciones europeas. Movimientos que perfilaría y concretaría esta formación política, y que en todo caso se harían coincidir con las de las áreas del PP.

Este primer año de gestión del Gobierno de Carlos Mazón ha permitido al Ejecutivo de PP y Vox dejar su huella con decisiones como la de impulsar importantes rebajas fiscales, reducir la 'grasa' de la administración, promover la llegada de grandes inversiones a la Comunitat, reducir la burocracia, controlar las listas de espera o acercar el final de la imposición lingüística. Pero también ha desvelado ámbitos en los que se hace necesario introducir mejoras.

El día a día de la gestión, por ejemplo, ha desvelado los problemas que viene generando la complicada situación financiera de la administración autonómica, a la que se suma el grave problema generado por Nefis, la aplicación de control financiero y presupuestario de la Generalitat que en el primer trimestre del año generó problemas graves por la lentitud en los pagos a proveedores de la Generalitat.

Una situación financiera delicada, que en el caso de la consellera Ruth Merino se une a su condición de portavoz del Consell. El presidente Mazón considera no obstante que el perfil moderado que Merino exhibe en sus comparecencias ante los medios -más allá de si su condición de portavoz se debe limitar a sus comparecencias tras las sesiones plenarias- resulta conveniente en el actual momento político.

Los «ajustes» sobre los que trabaja el president, no obstante, afectarían a día de hoy a dos áreas muy concretas: la de Sanidad que dirige Marciano Gómez y la de Medio Ambiente de Salomé Pradas. Se trataría de movimientos puntuales, que afectarían sobre el papel a algún cargo de cada uno de esos departamentos, buscando optimizar recursos y reforzar áreas de gestión.

Sanidad constituye una de las áreas de máxima sensibilidad, con la gestión de las listas de espera, y en general la de la atención a los valencianos como una de las prioridades del actual Consell. El propio conseller y también el president han venido señalando como pilar fundamental de la acción de su Consell -igual que el área de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero- la protección y la atención de los que más lo necesitan, con el recurso a la iniciativa privada como fórmula con la que colaborar, y en ningún caso estigmatizar.

Pradas, por su parte, libra en este momento uno de los principales frentes políticos del Consell con el Gobierno central, con motivo del incumplimiento de la Confederación del envío a l'Albufera de los 20 hectómetros de agua previstos. Su condición de única consellera valenciano hablante en la parte del PP refuerza su posición en el seno del Consell.

De hecho, el foco de la acción del Consell se ha desplazado en las últimas semanas a Les Corts, porque es en esta institución en la que se viene produciendo el debate de las cinco proposiciones de ley presentadas por PP y Vox -Concordia, Libertad Educativa, Antifraude, Transparencia y À Punt-. Algunas de ellas, y en particular la primera, ha generado un fuerte choque con el Ejecutivo central, que ha anunciado su intención de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional e incluso ya ha propiciado un pronunciamiento de Naciones Unidas.

Una contestación que, no obstante, no ha alterado la hoja de ruta del Consell de PP y Vox, que si bien ha decidido retrasar el debate de totalidad a después del 9-J, mantiene su intención de aprobar estas cinco proposiciones dentro del actual periodo de sesiones de la Cámara.