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Los líderes se forjan ante las dificultades. El PP de Mazón había disfrutado de un primer año plácido con una situación económica próspera y con la posibilidad de sacar adelante su programa político. No había nubes en el horizonte más cercano. Pero son las catástrofes meteorológicas, los accidentes y los grandes incendios forestales el mayor temor de los gobernantes. Y fundamentalmente por un motivo: no hay absolutamente nada que ganar. La gestión, la sensación final que deja, casi siempre resulta perjudicial, una derrota en términos de imagen y reputación. En el mejor de los casos, el resultado es un empate pero con un notable desgaste.
Las réplicas de un desastre como este -el balance provisional de víctimas alcanza las 155- lastran toda una legislatura. Son acontecimientos que quedan asociados directamente al tratamiento de la emergencia. Y que marcan, sin duda, a toda una generación. Ocurrió en 1957 con la riada y los barrios de Valencia y en 1982, con la pantanada de Tous. Vuelve a suceder ahora con la dichosa Dana. Veremos qué nombre queda para la historia con un drama que multiplica el número de víctimas de los anteriores desastres. No hay nada comparable. Y de qué forma todo esto afecta a la relación de los vecinos con su entorno. Ese ya es otro asunto que merece un análisis diferente.
Resulta obvio que fallaron los sistemas de alerta. Todos coinciden aparentemente en este punto. Los previos a la jornada fatídica apenas tuvieron efecto. Y no lo hicieron porque los ciudadanos estaban confiados al ver que en su municipio no llovía o apenas lo hacía. Fue lo que sucedió en Valencia y el área metropolitana. El peligro se aproximaba desde muchos kilómetros al interior de la provincia.
Ahora la cuestión parece en atribuir la culpa, todavía con numerosos cadáveres en el asfalto y las morgues llenas. Es un atributo de estos tiempos convulsos donde el respeto no es prioridad. En estos días se desarrolla lo que los políticos definen como «ganar el relato». La Generalitat asegura que siguió los protocolos, un modelo de actuación, que son establecidos por el Gobierno central. Se fueron notificando los avances que se producían en la emergencia, un fenómeno cambiante, precisan desde la versión autonómica.
En cambio, desde el Gobierno subrayan que la responsabilidad de las alertas corresponde al Ejecutivo autonómico porque el operativo estaba en fase 2. Un siguiente paso en la escala ya traslada la responsabilidad al Ministerio del Interior, pero esto no se produjo. Insisten que el mensaje de Es-Alert -el pitido que todos recibimos más allá de las 20 horas- corresponde directamente a la Generalitat. En este ínterin se ha producido un error de bulto en el equipo de Mazón. El borrado de un vídeo de sus redes sociales donde alrededor de las 13 horas del lunes pronosticaba que la tormenta se dirigía hacia Castellón y que las lluvias remitirían. Se trasladó un mensaje erróneo. Pero la eliminación de ese vídeo es un fallo grave de su equipo de comunicación. Ofrece munición a la oposición de que algo se quiso ocultar.
Mazón afronta, por tanto, esa vía de desgaste con el Ejecutivo de Sánchez. Una colisión institucional que cuenta con el PSPV como aliado autonómico, pero también con un invitado nada sorprendente. Compromís se ha sumado sin ambigüedades a la construcción de ese relato. Un vídeo en redes responsabiliza desde el pasado jueves al presidente de las demoras en comunicar la alarma.
El presidente trató de visibilizar la gestión de la emergencia, pero esto también pareció llegó tarde. La primera comparecencia en la noche del pasado lunes se produce con el conocimiento de los primeros muertos. No es casual que Mazón aparezca con un chaleco, la delegada del Gobierno con una sudadera del ministerio y el presidente de la Diputación, con un polo de los bomberos. Se trataba de activar en el imaginario que ellos estaban ahí trabajando, codo con codo, en primera línea de la emergencia. Necesario, según estrategas de la comunicación. Prescindible, según otros.
El siniestro recuerda, por sus evidentes consecuencias, al accidente de metro de Valencia, en julio de 2006, cuando 43 personas murieron en la mayor emergencia ferroviaria de España. No obstante, hay notables diferencias. Un accidente no deja de ser un fenómeno imprevisible con independencia de que las condiciones de la vía y/o seguridad fueran manifiestamente mejorables. Un hecho que, sin duda, se discutió en los tribunales y que se cerró con condenas mínimas y retiradas de acusación para los principales dirigentes. Pero no fue esa lucha, legítima por otra parte, la única grieta que erosionó la dirigencia de los populares. Casi desde el principio existió un interés en cerrar cuanto antes la tragedia, un propósito por dar carpetazo al problema quizá por la inminente visita del Papa. De olvidar rápido. Esa sensación de precipitación se arrastró durante años a lo que se sumó un aparente distanciamiento del Gobierno con las víctimas. Una acción del todo incomprensible.
Con el paso del tiempo, un programa de televisión, Salvados, recuperó ese malestar e incluso se forzó la reapertura judicial de la investigación del siniestro. Nunca hubo dimisiones. La directora de FGV, Marisa Gracia, se la presentó a Camps en las horas posteriores a la tragedia. Pero este no la aceptó. Pensó que quizá el siguiente señalado sería él. Arrastró durante años una enorme crítica política por la gestión de esta emergencia. Mazón, en parte, se encuentra en esa misma tesitura. ¿Habrá dimisiones o ceses? La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantiene un perfil más que discreto en las últimas horas. En este tipo de escenarios se opta por mantener la calma y avanzar. Pero al Gobierno de Camps le persiguió siempre un reproche: «cero responsables».
Ximo Puig también lideró una emergencia como nunca antes se había conocido. La pandemia de la Covid fue algo singular. Sin precedentes de ningún tipo. Y eso también ofreció cierta condescendencia por parte de la ciudadanía. No había forma de comparar la gestión. El carácter afable de Ximo Puig contribuyó, según sus fieles, a darle un aire presidencialista. Este posicionamiento se vio favorecido por la actitud de Compromís que no dejó de plantear dudas acerca de las decisiones del Consell. Recuerden aquella famosa 'desescalada' y el avance de las diferentes fases según el número de contagios. Miles de personas murieron en aquellos meses trágicos de marzo y abril. Pero se asumió con cierta resignación. Esto no evitó las críticas al Consell por la falta de material de protección a los médicos y personal sanitario, pero era un escenario compartido en España y, en definitiva, en el resto del mundo.
Coincidió, además, otra situación favorable a Puig. El Gobierno central en esos momento estaba en manos de Pedro Sánchez. Era el blanco perfecto para dirigir las críticas. Esta circunstancia no fue baladí. En la otra gran crisis, el accidente de metro y en la actualidad, con las inundaciones, los gobiernos son de diferente signo político. El accidente de FGV coincidió con la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Puig vivió otra crisis, aunque de menor entidad. El famoso tren de Bejís. Un convoy se adentró en pleno incendio forestal por un fallo en los sistemas de comunicación. Una veintena de personas resultaron heridas con quemaduras. Por suerte, no hubo que lamentar pérdidas humanas. Un juzgado investiga la tragedia. Tampoco nunca se produjeron dimisiones. El Consell no ofreció demasiadas explicaciones en un asunto que afectaba directamente a la gestión de la exconsellera Gabriela Bravo, hoy en la Mesa de Les Corts.
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