Mazón resiste el primer golpe por su gestión de la dana

Mazón salió vivo de aquella comparecencia en el Parlamento valenciano. Y aunque se han sucedido las protestas contra su gestión –la próxima está convocada para el 29 de diciembre-, el president y sus colaboradores han encontrado margen de maniobra en la letra pequeña de la explicación de lo ocurrido. El estado de shock se mantiene, porque sólo a esa circunstancia cabe atribuir patinazos tan indescifrables como el de aprobar una modificación legal que suprime un tope salarial para altos cargos que semanas después se demuestra innecesaria. O declaraciones tan poco sostenibles como la de aquella senadora alicantina comparando las salidas del Consell de Salomé Pradas y Nuria Montes con las más de 220 víctimas de la dana.

Pero esa letra pequeña, la relativa a que ni la CHJ pudo prever una riada de esta magnitud, la que apunta a la falta de información para tomar decisiones, la que retrata la inacción del Gobierno central cuando a todas luces era imprescindible o la que delata la actitud de unos alcaldes que para esconder su falta de diligencia corrieron a señalar al resto de administraciones, le han servido a la Generalitat para construir un cierto relato.

Difícilmente se puede calcular la magnitud de una riada si el organismo encargado de informar del caudal no lo hace durante las dos horas y media claves. Y aunque no parece sencillo entender por qué no se declaró la emergencia nacional, la percepción de que Pedro Sánchez se está dejando llevar desde el 29 de octubre por el interés político, como demostró aquel «si necesitan más recursos, que los pidan» –nada le impedía haber enviado al Ejército el mismo 30 de octubre a la vista de la magnitud de la tragedia- o la falta de empatía demostrada por la ya exvicepresidenta Teresa Ribera (ni una visita a Valencia), juegan a favor de la Generalitat. Mazón ha encontrado en el elocuente silencio del presidente de la CHJ, Miguel Polo, a su mejor aliado.

Ha pasado un mes y medio desde aquella trágica riada. Mazón ha comenzado a recuperar agenda, aún con prevenciones, consciente de que encerrarse en el Palau de la Generalitat es el peor error que podría cometer. El líder del PP valenciano viene recibiendo el apoyo de la dirección nacional de su partido, convencida por fin de que continuar al zarandeo de uno de sus barones regionales contribuía a debilitar a toda la formación. Convencida por eso, y porque las encuestas nacionales vienen a señalar que le pesan más al PSOE los frentes judiciales que acechan a Sánchez que las críticas al Consell de los populares por la gestión de la dana.

Los sondeos que se han publicado en el ámbito de la Comunitat Valenciana constatan el retroceso del PP valenciano. Una caída rotunda, sin duda, de un partido que hace dos meses ya ponía proa hacia la mayoría absoluta y que ahora ha retrocedido claramente en apoyos. Eso sí, con un trasvase significativo hacia Vox, es decir, dentro del bloque de derechas. Y esa es una tabla de salvación para el dirigente popular, que ahora mismo –está por ver lo que pueda ocurrir en los próximos meses- trabaja con un escenario en el que el partido de Santiago Abascal pueda no aumentar la presión en la Comunitat, a diferencia del resto de autonomías en las que su voto es determinante para aprobar los presupuestos de 2025.

Las encuestas ofrecen por el momento una cierta tranquilidad para los populares. Otra cosa es la medida en la que el presidente valenciano podrá, si es que puede, quitarse de encima la sombra de ese enorme balance de víctimas mortales, y de una gestión que pudo y debió ser mucho más eficaz.

Que Vox cuestione la diligencia de la actuación de la Generalitat, pero que no se sume a la exigencia de dimisión de PSPV y Compromís, da un balón de oxígeno al jefe del Consell. De hecho, lo que hace el partido que lidera José María Llanos en Les Corts es, en coincidencia con el PP, señalar a la irresponsabilidad de Sánchez por tratar de sacar provecho político de lo ocurrido. Vox, es cierto, endurece el tono con algunas de sus declaraciones públicas, pero no parece decidido a dar el paso de hacer caer a Mazón, consciente de que en la actual situación las encuestas le favorecen y de que su electorado no entendería que acabara contribuyendo a un gobierno de izquierdas.

¿Y la izquierda? Políticamente resulta insostenible plantearse que la gestión de la dana pueda monopolizar el debate en la Comunitat durante dos años y medio. La insistente presión de la líder del PSPV, Diana Morant, para que Núñez Feijóo forzara la salida de Mazón, ha dado el resultado que cabía esperar: ninguno. Máxime después de esas dudas mostradas por la dirigente socialista con el apoyo a las cuentas autonómicas para 2025. La ministra ha visto surgir además otro liderazgo junto al suyo, el de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé.

Los socialistas valencianos parecen haber asumido ya que esa convocatoria electoral que pretendían para 2025 no parece, a día de hoy, probable. Quizá por eso han comenzado a abrir el abanico de las iniciativas que plantean en Les Corts. Los socialistas tienen ahora que compatibilizar la obligada presión sobre Mazón con los debates orgánicos que se vienen en los próximos meses. El PSPV es consciente de que el área afectada por la dana será un elemento clave en las elecciones autonómicas. Pero no será el único.

Compromís, en cambio, parece decidido a centrar toda su labor de oposición en la crítica hacia la gestión de la dana. Un empeño que, si no hay adelanto electoral anticipado de por medio, les obligará a una carrera de dos años y medio de presión que parece poco probable de sostener. La formación que lidera Joan Baldoví lleva camino de repetir los errores de otras formaciones políticas, que en ocasiones han centrado toda su estrategia en un único frente y luego no han obtenido los réditos esperados.

Mazón, es cierto, tiene por delante todo el foco que el Gobierno central vaya a querer poner sobre su gestión el día de la tragedia. El sentido común dicta que la contestación social, o al menos la voluntad por hacerla pública, se irá reduciendo de forma progresiva, más allá de que los aniversarios de la riada agiten el recuerdo de lo ocurrido. Los aniversarios y, especialmente, el inevitable horizonte judicial que espera a los responsables de lo ocurrido. Las primeras asociaciones de afectados comienzan a prepararse para exigir las obligadas responsabilidades ante los tribunales de Justicia. Esa presión no disminuirá, y en la medida que se vayan dando pasos para determinar qué falló y si alguien debe asumir responsabilidades penales por lo ocurrido, se mantendrá el foco sobre la gestión política de la dana.

En algunos círculos se viene a comparar el efecto de los más de 220 fallecidos, el enorme impacto emocional y humano provocado por la devastación de la riada, con el golpe que supuso el accidente del metro que en 2006 se cobró la vida en Valencia de 43 personas. En realidad, la dimensión de una y otra tragedia no parecen ni remotamente comparables. Ni tampoco los efectos que pueden tener, en términos políticos y también judiciales, ni la atención recibida en los medios de comunicación, con un panorama informativo radicalmente distinto al de hace casi dos décadas.

Mazón no tendrá fácil quitarse la etiqueta de ser el presidente de la Generalitat cuando una dana se llevó la vida de más de 220 personas, incluso aunque se haga evidente el cálculo político del presidente del Gobierno para agravar con su inacción las consecuencias de la tragedia. Mes y medio después de aquella riada, el jefe del Consell ha podido soportar el primer golpe, el de la enorme presión social y política para que dimita. Pero sabe que lo que queda, el horizonte judicial, las comisiones de investigación y las protestas en la calle, seguirán. Queda un periodo largo por delante si no hay adelanto electoral y la política se ha demostrado como algo muy cambiante. Pero el primer golpe se ha parado.