Carlos Mazón vive sus horas políticas más bajas. Lo sabe él, pese a su determinación por tratar de resistir, lo sabe su partido y empieza ... a palparse en los actos públicos a los que acude. Incluso en los privados, como ha quedado demostrado este jueves en la apertura del Congreso de Formación Profesional 'El valor de la FP' con gritos de «Mazón dimisión» y «fuera» dirigidos al presidente de la Generalitat cuando se disponía a intervenir en el acto. El jefe del Consell se niega a dimitir, pese a que la presión para que lo haga comienza a resultar insoportable. Máxime tras reconocer que su llegada a la reunión del Cecopi el pasado 29 de octubre, el día de la dana, no se produjo hasta las 20.28 horas.
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Mazón insiste en que no ha cambiado de versión sobre lo que hizo esa jornada. «Dije que llegué pasadas las 19.00 horas, y las 20.28 van después de esa hora», vino a justificarse. La explicación cae por su propio peso. Esas 20.28 horas ni las dijo en la comparecencia ante Les Corts del 15 de noviembre, ni las había comentado hasta este miércoles, justo cuando la jueza de Catarroja que instruye la causa trataba de averiguar si fue el president el que acabó retrasando el envío de la alerta por SMS de las 20.11 horas. Mazón puede haber aclarado su situación procesal, pero ha arruinado la política.
Porque Presidencia de la Generalitat había logrado salvar el primer match ball de la presión sobre el jefe del Consell. El retraso en la llegada de las ayudas del Gobierno, el insostenible silencio del presidente de la CHJ, la discutible información facilitada por la Aemet... todos eran elementos que construían un relato que, como poco, contribuía a equiparar el reparto de responsabilidades, culminado con la tesis de la función de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé en el Cecopi.
Pero el regreso al relato de lo ocurrido al 29 de octubre ha derribado toda esa estrategia. El almuerzo más inoportuno, sumado a una explicación más que difusa respecto a qué hizo el president desde que acabó esa comida y hasta que llegó al Cecopi, han dejado tocado el crédito político del presidente valenciano. «Está acabado políticamente» ha asegurado este jueves el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Las cadenas nacionales de televisión han dedicado buena parte de sus tertulias y espacios de debate a analizar la situación de Mazón, y el denominador común, como no podía ser de otra manera, ha puesto en cuestión sus posibilidades de sostenerse en el cargo. El próximo sábado tendrá lugar una nueva manifestación por las calles de Valencia que pedirá su dimisión.
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¿Y qué dice el PP? Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los populares, mostró este jueves su respaldo al presidente valenciano. «Ha dado la cara», «no se fue corriendo» tras la dana y «ha pedido disculpas por sus errores», ha señalado.
Pero las declaraciones públicas, de apoyo al dirigente valenciano como no pueden ser de otra forma, contrastan, por un lado, con algunos silencios calculados de dirigentes del partido. Y por otro, con las teorías que sostienen en privado algunos cargos, y que apuntan a la situación crítica en la que se encuentra el presidente valenciano y a la necesidad de buscar soluciones. El «estado de shock» del que habló Feijóo sobre el dirigente valenciano, o las dudas expresadas esta misma semana sobre su futuro político contrastan con la tesis defendida este jueves por Génova. No hay ninguna intención de forzar la salida de Mazón, se asegura.
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En ese capítulo, precisamente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que «no contempla» el «escenario» de sustituir a Mazón si este dimitiera por su gestión de la dana.
La salida del cargo de Mazón, a la vista de su voluntad de resistir, no parece que vaya a ser inmediata. Tampoco parece que Génova tenga intención de forzar un relevo para el que no tiene una hoja de ruta clara. Si el presidente valenciano decidiera abandonar el cargo, su relevo debería de elegirse de entre los diputados en Les Corts. Y más allá de la alcaldesa de Valencia, o del secretario general de los populares valencianos Juanfran Pérez Llorca, no se perfilan alternativas claras.
No sólo eso. Feijóo no dispone de resortes claros, más allá de aumentar la presión sobre el dirigente valenciano, como para forzar su salida. El PP no cuenta con una salida que ofrecer a Mazón como para facilitarle una decisión de este tipo. El jefe del Consell no ha cumplido ni la mitad de la legislatura y el horizonte político y de gestión del Gobierno valenciano comienza a resultar insostenible.
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La conselleria de Hacienda ha anunciado la presentación el próximo martes del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025. Para cuando tenga que producirse su aprobación si se cumple el calendario aprobado por Les Corts, los focos de los medios de comunicación volverán a ponerse en unas cuentas para las que el PPCV necesita del voto de Vox. El partido de Santiago Abascal no ha aclarado el sentido de su voto aunque ha admitido que se están produciendo negociaciones con el Consell. Otra cosa es que pueda convenirle hacer en mayo, fecha prevista para la aprobación definitiva de esas cuentas. Aprobarlas sería un espaldarazo para Mazón. Pero el mes de mayo, a estas alturas de febrero, se antoja una fecha muy lejana. Imposible hacer cálculos.
Algo parecido ocurre con la renovación de órganos estatutarios o, en definitiva, con cualquier tipo de negociaciones con la oposición. «La legislatura se acabó el 29 de octubre» comenta un veterano de la actividad parlamentaria. Mazón no va a contar con un solo balón de oxígeno por parte del PSPV ni de Compromís. No va a haber más debate ni más discusión en la Comunitat que su situación política. «Se le está poniendo cara de Francisco Camps» comenta con retranca otra fuente.
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Presidencia de la Generalitat, no obstante, trata sin éxito de volver a controlar el relato. «La izquierda lleva cuatro meses llamando asesino a Mazón diciendo que interrumpió la reunión del Cecopi provocando el retraso del envío porque había que ponerle al día. Llevan cuatro meses diciendo que hubo que esperarle para mandar la alerta», se sostiene.
La misma fuente asegura que la Delegada del Gobierno «quiso incriminarle judicialmente diciendo que le había visto en el momento en el que se tomó la decisión, como si su presencia hubiera sido el factor determinante del retraso y no la ausencia de información sobre el Barranco del Poyo que destruyó Paiporta y Catarroja», se sostiene.
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