Los médicos advierten que exigir el valenciano provocará un éxodo de sanitarios a otras regiones

La eliminación de la exención del requisito lingüístico para el personal sanitario de la Comunitat, una salvedad que ha desaparecido del proyecto de Ley de Función Pública, ha supuesto una sorpresa desagradable para los sindicatos del sector. Tanto el sindicato médico CESM como el de enfermería SATSE mostraron ayer su disgusto por la desaparición de una exención que aboca a los médicos a contar con un certificado de valenciano para poder ejercer en espacios sanitarios públicos la Comunitat, requisito que desde el sector habían negociado que fuese un mérito y no una obligación. En el borrador de la ley se especificaba que los sanitarios quedaban exentos; sin embargo, en el proyecto legislativo se ha eliminado esa excepción y quedan pendientes de lo que diga un reglamento que debe aprobarse al año de vigencia de la nueva norma y en el que está pendiente de negociación el grado de valenciano que se exigirá al personal sanitario. Las dos plataformas sindicales han señalado que esta situación de incertidumbre ahuyentará a un personal del que actualmente se carece. Las bolsas de trabajo están a cero. La mano de obra sanitaria de calidad escasea. No hay nadie a la espera de empleo, y los que hay ya trabajando, pero que no tienen la certificación lingüística pueden tomar el mismo camino que tomaron en Baleares o Cataluña cuando se estableció el requisito. Así lo ven desde los sindicatos. 

El proyecto de ley de la nueva Ley de Función Pública de la Generalitat continúa su tramitación parlamentaria al haber decaído ayer las tres enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición (PP, Cs y Vox). Precisamente, durante el debate de la norma el miércoles, y ya una vez se cuenta con un texto definitivo, apareció la sorpresa: la eliminación de la exención del requisito al personal sanitario. La desaparición de esa excepción se explica desde Justicia porque interpretan que un dictamen del Consell Jurídico les obligaba a retirar del texto legal la salvedad lingüística. La propia consellera Gabriela Bravo había reiterado su deseo de que prevalezca el «derecho a la salud». Ya no.

Ahora tendrá que negociarse, en el marco de la negociación global del Reglamento en el que se establecerán categorías de requerimientos, si al personal médico se le exigirá el valenciano, algo que hasta el propio Ximo Puig ha considerado innecesario. Sin embargo, se ha abierto la puerta a que el valenciano no sea un mérito sino un requisito, lo que ha disparado las alarmas entre el personal sanitario.

«Nos reunimos, lo negociamos y llegamos a un acuerdo. No entendemos que ahora se haya eliminado la exención. Nos quedamos en el limbo. Si ahora se van, ya se van un 30% de los médicos residentes, al añadir esta limitación el porcentaje de salidas será mayor, cerca del 60%, en torno al millar de residentes. En cuanto lo implanten, y han abierto la puerta a hacerlo, pasará como en Cataluña o en Baleares. Si ahora sufrimos la falta de personal, en unos años puede ser dramático en todo lo referente a las especialidades, lo que nos pondrá en serias dificultades para dar cobertura a un servicio esencial», señalaron fuentes del CESM, el sindicato médico, que recuerdan que «han sido mucho los especialistas como radiólogos o pediatras que hace unos años salieron de Baleares y se vinieron aquí cuando el idioma se convirtió en un requisito y no en un mérito. Pasará lo mismo».

Desde el sindicato de enfermería SATSE se indica que en las negociaciones de la ley «se recordó que hay normativas específicas sobre nuestra actividad, y no se ha hecho ni caso. Desde SATSE defendemos la importancia de preservar la cultura valenciana, pero debe prevalecer el derecho a la salud. Con la falta de profesionales que sufrimos, ¿de verdad creen que garantizan la salud de los valencianos al eliminar la exención?».

«Están generando un problema donde no lo había. El requisito es una irresponsabilidad política. Esta pandemia es un aviso de lo que vendrá en el futuro. Hay una acuciante falta de personal y al que puede venir le ponen barreras. Que no nos digan que se negociará en el Reglamento de la ley. De momento, en la ley ya no estará esa exención, y aunque se demore su aplicación, lo que sí dice la norma es que el requisito afecta a todos. Un profesional que ahora se tenga que plantear optar a una plaza sabe que aquí las limitaciones son mayores, así que se van si ya están formados, o directamente no vienen. Al final nos pasará como en Baleares», señalaron desde SATSE.

El diputado del PP responsable de temas sanitarios, el alicantino Jose Juan Zaplana, abundó en el problema que se puede generar en zonas de la Comunitat castellanohablantes. «El sectarismo más duro del partido socialista y Compromís se impone frente a las necesidades sanitarias. Nadie puede entender este ataque a los sanitarios y a la sanidad pública. Zonas como la Vega Baja, Elda, Requena y el Alto Palancia van a sufrir problemas tanto en la forma de selección del personal como en la atención a personas. Para el Botánico hay valencianos de primera y segunda», señaló Zaplana, quien explicó que «los estudiantes alicantinos pueden acabar en Murcia, o Cuenca, donde se lo ponen más fácil, y a los usuarios se lo ponen más difícil, porque a las dificultades para captar sanitarios que ya hay en Torrevieja y Vinarós, lejos de los principales núcleos de población de la Comunitat, le sumas el requisito lingüístico, pues ya son más las limitaciones para garantizar la sanidad».