La menor abusada por el ex de Oltra pide a la Generalitat que le pague la mitad de la indemnización por el despido

La sentencia todavía no es firme. De hecho, la representación legal de la joven, que dirige el letrado de España 2000 José Luis Roberto, ha recurrido el fallo. El dirigente considera que el cálculo de la indemnización es erróneo. Reclama una cantidad que asciende a 25.000 euros. Además, sostienen que debe ser readmitida porque el contrato que tenía con la filial de Ribera Salud era indefinido.

Las consecuencias políticas de este caso, todo lo que envuelve a Teresa Tanco, las ha pagado hasta la fecha Compromís y, en especial, la exvicepresidenta Mónica Oltra. Pero una de las ondas de este terremoto llegará en breve a la Conselleria de Bienestar Social y quizá sea ya una de las decisiones que deberá adoptar el futuro Consell. Los representantes han reclamado al juzgado que la Generalitat adelante al menos el pago de la mitad de la compensación económica, unos 5.000 euros.

La situación de Teresa Tanco se antoja realmente complicada. La Conselleria, finalmente, asumió la tutela de los dos hijos pequeños de la joven, un bebé y un menor de dos años, ante la incapacidad de la madre por cuidar de los pequeños. La pareja pasó a una familia de acogimiento. Su propósito es recuperar a los menores, pero para iniciar el proceso debe contar con cierta estabilidad económica, una circunstancia de la que ahora carece.

La relación con el padre de los menores tampoco es óptima. Todo lo contrario. Terminaron la relación sentimental por episodios de violencia de género, según el entorno de la joven. El menor de los hijos dio positivo en cocaína en unos días que estuvo bajo el cuidado del progenitor. Por estos hechos hay otro procedimiento judicial abierto.

El desenlace del asunto de la indemnización recaerá sobre la Sala de lo Social del TSJ. Esto supondrá el cierre de una de las múltiples derivadas de todo lo que se ha originado tras la denuncia de Teresa Tanco. Por un lado, la condena de cinco años de cárcel al exmarido de Oltra, pero también la investigación judicial a la exvicepresidenta y su equipo por un supuesto encubrimiento de la denuncia de la víctima, menor de edad en el momento de los hechos. También está pendiente una reclamación administrativa de más de 200.000 euros por la desprotección que sufrió la joven por parte de la Administración, que tenía la tutela de la adolescente.