De las mesas de póker a la cárcel de Picassent

De hecho, la pena no se le ha suspendido porque la administradora no ha puesto el más mínimo interés -o al menos no ha quedado acreditado para el tribunal- en reparar el daño causado. Esta medida, la suspensión, es una concesión que queda a criterio del tribunal siempre que se cumplan determinados requisitos, como que la pena sea inferior a dos años y se haya pagado la responsabilidad civil o exista al menos un compromiso de pago.

La profesional, aficionada a los torneos de póker, compareció voluntariamente el pasado 12 de diciembre para ingresar en la penitenciaría de Picassent, según recoge una providencia de la Audiencia de Valencia. Su etapa en prisión, sin embargo, no solucionará el problema económico de numerosas comunidades de vecinos que han tenido que afrontar un importante agujero en sus cuentas.

Una de las tesis que manejaron las víctimas desde el principio es que buscaba fondos para jugar en torneos de póker. La mujer llegó a admitir en una declaración judicial que era aficionada a este juego, pero descartó que tuviera relación con los problemas de contabilidad en las diferentes comunidades. También reconoció sus visitas esporádicas a casinos. Existen algunas imágenes en Internet de la administradora en torneos de póker. El juego no le fue bien. Y la gestión de las comunidades, tampoco.

Más de una treintena de fincas sufrieron la sorprendente desaparición de sus fondos con supuestos gastos o derramas aparentemente ficticios. El método defraudatorio era bastante simple, consistía en ir transfiriendo el dinero de las cuentas comunitarias a la suya propia o otra que compartía con su marido, Pascual M. G. C, otro de los condenados. En ocasiones, hacía reintegros de unas comunidades a otras para tratar de camuflar los desajustes.

Las comunidades de vecinos recurren cada vez con más frecuencia a los servicios de los administradores. En el pasado, quizá cuando la actividad burocrática era de menor intensidad, algún vecino voluntarioso asumía la gobernanza de las cuentas, los recibos y la gestión del inmueble. Pero esto ya comienza a ser algo residual. De esta forma, se evitan también problemas de convivencia y se establece una figura de árbitro o mediador en posibles disputas entre los residentes. No existe un tarifa oficial para los administradores de fincas. Cada profesional puede establecer los honorarios que considere.