El Gobierno marca el camino al Consell: «Hacer presupuesto es una obligación»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo dejó ayer claro al Gobierno valenciano. Si prorroga las cuentas y evitar hacer nuevos presupuestos para 2020 será por interés político o por motivos que trascienden de lo puramente económico. La responsable de las finanzas del Gobierno central desmintió este miércoles la versión hasta ahora esgrimida por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para deslizar la idea de una posible prórroga de las cuentas del Consell. Según explicó la ministra, la cantidad que corresponde a la Comunitat por la liquidación de 2018 ya es conocida y la fórmula para el cálculo de la cifra de las entregas a cuenta está disponible. Si con eso no fuera suficiente, recordó que su equipo «está ahí para ayudar» en la formulación de los nuevos presupuestos que el Gobierno valenciano debe llevar a Les Corts antes del 1 de noviembre.

La máxima responsable de la política financiera del Gobierno central se posiciona así del lado de la tesis que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende, a favor de elaborar nuevas cuentas para 2020 o, al menos, intentarlo. Por contra, desde los despachos de la Conselleria de Hacienda los principales responsables de elaborarlas eran más partidarios de prorrogar los presupuestos actuales, expansivos y negociados el pasado año con el visto bueno de todas las consellerias. Con la repetición de las cifras, desde Hacienda se ahorran un desgaste fruto de una nueva discusión entre socios, con un tercer invitado a la mesa -Unidas Podemos- y dos nuevas consellerias más para repartir la tarta global. Pero en el Ministerio lo tienen claro: «Hacer el presupuesto es la obligación de todo Gobierno». Montero se mostró así de contundente durante la entrevista en el marco de los desayunos de la Cadena Ser. Pero no todo fueron reproches para el Gobierno valenciano. De hecho, censuró el discurso de la prórroga y echó por tierra la versión de buena parte del Consell, pero dio aire y se mostró defensora de los posicionamientos del Botánico en la reforma del modelo de financiación, caballo de batalla del Gobierno valenciano. Montero evitó dar una fecha sobre cuándo se iniciará y finalizará el proceso y ha lamentado «la sensación de bloqueo» que impera, pero hizo suyos los posicionamientos del Consell en cuanto a la importancia de la reforma y a los parámetros que deben prevalecer. «Ese debate no depende solo del Gobierno central, por lo que no sé cuánto tardará la reforma», ha reconocido. De hecho, la ministra recordó que el debate afecta a las comunidades, al propio Gobierno y a los partidos, que deberán votar la reforma de la ley. Eso sí, aseguró que debe haber mayoría para aprobarla, que no unanimidad, lo que aligerará el trámite.

Respecto a qué criterio debe imperar a la hora de modificar el método por el que se financian las comunidades, Montero reconoció que es partidaria de que el fundamental sea la población. «La mayoría de la capacidad de distribución debe pivotar sobre el número de habitantes que reciben los servicios sociales». Se puede modular, por edad, por ejemplo, dispersión y otras variables, ha señalado. «Pero nada justifica que haya una diferencia de 800 euros per capita entre la mejor y peor financiada. Ninguna variable justifica esa diferencia», ha dicho, a la vez que apuntaba a que se pueden incorporar otras variables como población universitaria, o tasa de desempleo. Para la ministra, hay que cambiar la concepción del sistema y apostar por una nueva manera de financiar el estado del bienestar en el que se muestra partidaria de que el Estado se quede con menos porcentaje de recaudación en beneficio de las comunidades. De hecho, apostó por revisar la fiscalidad porque España está ocho puntos por debajo de la media europea y, «si aspiramos a tener un estado excelente, tenemos que tener una fiscalidad que acompañe», dijo.Menos elocuente se mostró para dar una salida al reconocimiento de la deuda histórica que comunidades como la valenciana reclaman.

Preguntada también por si considera que la partida que la Generalitat incluyó el año pasado en sus presupuestos (1.300 millones en ingresos ficticios), Montero reconoció que no puede justificarlo, pero sí comprenderlo. «La Comunitat quiere cumplir y no puede absorber el déficit de golpe. Por eso crearon esa suerte de colchón presupuestario que les permite aumentar su capacidad de llegar a un gasto promedio». «No puedo justificar la partida ficticia, pero la puedo comprender porque en el caso de Valencia, existe una razón de ser», sentenció. Pero esa partida ni siquiera ha servido para evitar los 365 millones en recortes. Eso sí, Montero prefirió llamarlos «corregir tendencias incrementalistas que traían los presupuestos».

Montero se reunió después con los líderes de la patronal y los sindicatos y participó en un mitin del PSPV en Burjassot, junto a Mercedes Caballero y Rafa García.