El misterioso nombramiento de un cargo público de Vivienda

El pasado 25 de noviembre de 2019, el consejo de adminstración de la Entitat Valenciana d'habitatge y sol (EVha), la empresa pública de Vivivienda de la Generalitat, aprobó el nombramiento de la profesora universitaria Pura Peris como subdiretora. Un puesto directivo de libre designación, a propuesta del responsable político de la entidad, el vicepresidente segundo y Conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. La Generalitat oficializó entonces la incorporación de Peris, docente de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, con una nota de prensa y una fotografía en la que aparecía junto al propio vicepresidente y al directora de la EVha, Alberto Aznar. Sin embargo, desde ese día, y a pesar de que Peris había sido nombrada y participó de las numerosas reuniones de la empresa pública, los problemas se han sucedido.

La subdirectora, con rango de personal directivo del sector público de la Generalitat, es profesora titular del departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de València. En su nuevo puesto en el Gobierno valenciano no ocupa puesto de alto cargo, por lo que su designación no le confería de inmediato una situación de servicios especiales para incorporarse a la entidad de suelo. Una situación que le suponía un problema para abandonar su puesto en la universidad, aunque fuera de manera temporal, ya que la facultad no le garantizaba su puesto de trabajo.

Así que durante semanas, su nombramiento, a pesar de haber sido aprobado por el consejo de administración de la entidad pública de Vivienda, no se hizo efectivo. Según la propia afectada, porque quería acabar con el semestre de la universidad y, sobre todo, resolver la situación en la que quedaba su puesto en la univesidad. «Le he dedicado horas gratuitas a la Generalitat», aseguró ayer a esta diario, para justificar que durante casi dos meses ha estado en el limbo y, al menos hasta final de año, trabajando para la UV mientras ya había sido nombrada subdirectora.

Pero también reconoció que era un tiempo necesario para aclarar su situación laboral. Mientras Peris trató de integrarse en la Generalitat en servicios especiales, la propia Administración le denegó esta situación. De hecho, la pasada semana, la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, elevó una consulta facultativa al Consell Jurídic Consultiu para saber si existía la posibilidad de declarar en situación de servicios especiales a Pura Peris. El pleno del órgano consultivo lo abordó en su reunión del pasado 23 de enero, dos meses después de que la profesora aterrizara en la entidad de Vivienda, y lo rechazó. El problema es que su nombre ya había pasado por el consejo de dirección de la entidad.

Pero lo curioso no acaba ahí. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) rizó ayer el rizo y publicó el nombramiento oficial de Peris como subdirectora de la EVha, con efectos del 1 de enero de 2020. Es decir, mes y medio después de que llegara a la empresa pública. Desde esa fecha comenzará por tanto a ser considerada personal directivo del sector público de la Generalitat y comenzará a percibir el salario que le está asignado al puesto. Durante ese período no ha cobrado. «Me gusta saber dónde me meto a trabajar» antes de que sea oficial, aseguró ayer.

Sin embargo, el retraso en su nombramiento acarrea una nueva consecuencia. Y es que desde el 1 de enero de 2020, todo el personal directivo del sector público debe ser nombrado por el pleno del Consell y no por los consejos de administración de las empresas para las que prestarán servicio. Esta nueva situación se produce después de que el Gobierno valenciano modificara la ley del sector público a través de la Ley de Acompañamiento para que sus directivos pasaran a ser considerados cargos públicos. Es decir, en caso de que el Consell hubiera querido dar trámite al nombramiento de Peris, con fecha 1 de enero de 2020, tendría que haber sido el pleno del Gobierno valenciano el que lo tramitara. En este sentido, la afectada reconoció que en el momento en que firmó el contrato –que sitúa en diciembre de 2019–la ley no había entrado en vigor y por tanto, no era aplicable. Sin embargo, el 1 de enero, fecha de su nombramiento oficial, sí. La Conselleria reconoció ayer que el proceso no era correcto y aseguró que «trabaja en regularizar el proceso» con su aprobación por parte del Consell, el órgano correspondiente.